Así, un 33,8% de los que contestaron reconoce haber sostenido en las Cortes una postura con la que no estaba de acuerdo. Un porcentaje todavía más alto, el 43,4%, también admite haber cambiado de opinión tras escuchar los argumentos esgrimidos por otros partidos, aunque después siguieran votando al suyo.
A pesar de lo anterior, sólo el 13,3% de los encuestados se muestran contrarios a la disciplina de voto que imponen los partidos. El otro 86,7% la considera necesaria para garantizar el cumplimiento de los programas y evitar oportunismos.
¿De quién es el escaño?
Todo lo anterior nos sitúa ante la pregunta de a quién pertenece el escaño que ocupa cada parlamentario, si al partido o al parlamentario. De todo lo dicho podría deducirse que al partido, sin embargo dos sentencias del Tribunal Constitucional (5/83 y 10/83) niegan el mandato imperativo y atribuyen la titularidad del escaño al parlamentario. Este es el motivo, por ejemplo, por el que un parlamentario puede convertirse en tránsfuga sin que legalmente sea posible evitarlo. Se da la paradoja, sin embargo, de que esto sea así en un sistema electoral con listas cerradas y bloqueadas. Es decir, un sistema donde se ha votado al partido y no al parlamentario. La excepción es el Senado.
Listas abiertas y desbloqueadas.
Una alternativa coherente podría ser un sistema de listas abiertas y desbloqueadas. Esto es, un sistema en el que se pudiera elegir individualmente a los candidatos de un partido dentro de una lista (listas desbloqueadas), y que el elector pudiera además mezclar candidatos de las distintas listas de los distintos partidos (listas abiertas). De esta forma, el candidato responde ante sus electores y estos, a su vez, son responsables de lo que eligen (o de no elegir). Un sistema de listas abiertas y desbloqueadas podría revitalizar la vida parlamentaria y resultaría más coherente con la realidad constitucional que atribuye el escaño al parlamentario.
