El Consejo de Navarra considera ilegales y discriminatorios múltiples artículos de la Ley del Euskera del cuatripartito

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El Consejo de Navarra, máximo órgano consultivo de Navarra, concluye en un informe que el Proyecto de Decreto Foral por el que se regula el uso de las lenguas propias de Navarra en sus Administraciones Públicas no se ajusta a la legalidad en varios artículos y en la disposición transitoria cuarta.

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El dictamen del Consejo de Navarra determina, por ejemplo, que  “la aplicación imperativa de la valoración del euskera como mérito para cualquier puesto de trabajo que no tenga perfil obligatorio en la zona mixta, en la zona no vascófona y en los servicios centrales, puede conllevar la aplicación de criterios discriminatorios en el acceso a la administración pública de la Comunidad Foral que no se correspondan con los principios de racionalidad y proporcionalidad, en la valoración del conocimiento del idioma, en relación con puestos de trabajo en los que este mérito pueda no ser relevante, en atención a las funciones a desempeñar y a la realidad sociolingüística del ámbito territorial en el que radiquen”.

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El líder de UPN, Javier Esparza, ha señalado que uno de los puntos que el Consejo de Navarra ha considerado que no se ajusta a la legalidad es el artículo 25.2 y ha recordado que UPN ya denunció que «este punto suponía de facto la generalización de los puestos bilingües, que son aquellos en los que el euskera es preceptivo», al margen de las zonas y diversas realidades lingüísticas de Navarra. Para Esparza, con este decreto en su actual redacción, «muchos navarros que no hablan euskera iban a tener muy difícil trabajar en la Administración, especialmente de la Ribera y de la zona mixta, hecho que contravenía la legalidad”. 

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La presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán, ha exigido también al Gobierno de Navarra que no apruebe el Decreto Foral apelando al dictamen del Consejo de Navarra: “es una muestra más de que es un decreto injusto, quizá incluso anticonstitucional, pues supone una discriminación con las personas castellanoparlantes de Navarra, que son la inmensa mayoría”.

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Para la líder del PPN, “La obsesión del Gobierno de Navarra por imponer su hoja de ruta nacionalista vasca, por conseguir su ansiada anexión al País Vasco a través de lengua, símbolos y territorio, no puede pasar desapercibida”, y aunque “El euskera es una lengua propia de una parte de Navarra, el norte, donde tampoco lo habla toda la población, es un bien cultural a proteger, pero en absoluto es una lengua oficial, por lo que decretar que su conocimiento tenga ventajas en las oposiciones de manera desmedida y excesiva sólo obedece a ese interés del Gobierno de llenar de funcionarios vascoparlantes la Administración, y de visibilizar un uso y un conocimiento que en absoluto responde a la realidad sociolingüística de Navarra”.

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Resumen ejecutivo del dictamen:

«El derecho de la ciudadanía a dirigirse y obtener una respuesta en euskera de las administraciones públicas de Navarra tiene una distinta intensidad en función de la realidad sociolingüística de cada una de las zonas legalmente delimitadas.

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La Comunidad Autónoma puede prescribir, en el ámbito de sus competencias, el conocimiento de la lengua cooficial para acceder a determinadas plazas de funcionario o que, en general, se considere como un mérito, entre otros, cierto nivel de conocimiento de dicha lengua. Pero ello ha de hacerse dentro del necesario respeto a lo dispuesto en los arts. 14 y 23 de la CE, y sin que en la aplicación del precepto legal en cuestión se produzca discriminación. La proporcionalidad de una medida de esa naturaleza ha de evaluarse en función de su necesidad como instrumento para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a usar una determinada lengua en el territorio donde la misma tiene reconocido el estatus de la cooficialidad.

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para la adecuación jurídica del artículo 25.2 a los principios constitucionales y jurisprudenciales que regulan la utilización de las lenguas vernáculas junto con el castellano, así como por aplicación de los principios inspiradores de la regulación contenida en la LFE, se hace preciso que el precepto incorpore a su contenido dos elementos esenciales para su validez jurídica, cuales son la referencia a la realidad sociolingüística y a la zona en la que radique el puesto de trabajo de referencia. En los términos en los que el Proyecto está redactado, no existe ninguna diferencia a la hora de regular los puestos de trabajo que, prioritariamente, deberían tener perfil obligatorio de conocimiento de euskera en la zona vascófona, en la zona mixta y en la zona no vascófona, cuando la realidad sociolingüística y los objetivos de la LFE, como venimos recordando, son diferentes en atención al uso y conocimiento de las lenguas.

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Otra cuestión básica y fundamental, es la regulación dispuesta en el proyecto de Decreto Foral sobre la valoración del euskera como mérito en los concurso-oposición, o concurso de méritos en el acceso a la función pública, y movilidad dentro de la administración. La normativa propuesta varía de forma sustancial las reglas hasta la fecha existentes en esta materia, incrementando la ponderación que debe otorgarse al conocimiento del euskera en los baremos respecto a la puntuación total, sin que se haya ofrecido justificación alguna en la proposición del texto normativo que justifique o explique la razón de los porcentajes que se han previsto. Se trata de una cuestión de considerable trascendencia y esa falta de motivación puede conllevar, al menos en las zonas mixta y no vascófona, una vulneración de lo dispuesto en el artículo 58.1 de la LFGNP, no tanto por los cambios porcentuales introducidos, sino por su nula justificación.

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El Proyecto parece establecer el criterio de obligatoriedad de la valoración del conocimiento del euskera para el acceso a cualquier puesto de trabajo de la administración de la Comunidad Foral que no tenga perfil obligatorio de euskera, tanto se encuentre en la zona mixta (artículo 31), en la zona no vascófona (artículo 35), como en los servicios centrales (artículo 39). Tal interpretación se obtiene del carácter imperativo con el que se establece la valoración del mérito en los artículos 27, 31, 35 y 39 del proyecto.

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A juicio de este Consejo de Navarra, no se observa impedimento legal alguno para que tal mérito sea de aplicación general a cualquier puesto de trabajo que radique en la zona vascófona (así fue declarado por la STSJ de Navarra 590/2004, de 20 de mayo, tanto para las unidades orgánicas de la administración foral como para las entidades locales situadas en dicha zona). Por el contrario, la aplicación imperativa de la valoración del euskera como mérito para cualquier puesto de trabajo que no tenga perfil obligatorio en la zona mixta, en la zona no vascófona y en los servicios centrales, puede conllevar la aplicación de criterios discriminatorios en el acceso a la función pública en la administración de la Comunidad Foral que no se correspondan con los principios de racionalidad y proporcionalidad, en la valoración del conocimiento del idioma, en relación con puestos de trabajo en los que éste mérito pueda no ser relevante, en atención a las funciones a desempeñar y a la realidad sociolingüística del ámbito territorial en el que radiquen.

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CONCLUSIÓN El Consejo de Navarra considera que el proyecto de Decreto Foral por el que se regula el uso del euskera en las Administraciones Públicas de Navarra, sus organismos públicos y entidades de Derecho público, no se ajusta a la legalidad en los artículos 25.2, 30.2, 31, 34.2, 35, 38.2, 39 y disposición transitoria cuarta, en los términos que se reseñan en el cuerpo del dictamen».

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http://www.cfnavarra.es/consejonavarra/pdf.asp?id=951