Reanalizando los recursos del estado

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, expresó ayer en el Congreso la voluntad del gobierno central de «reducir la conflictividad» y de «reanalizar» algunos de los recursos interpuestos contra la legislación foral, la mayor parte de ella aprobada la legislatura pasada por las formaciones entonces en la oposición. Según la vicepresidenta «algunos de esos recursos pueden ser negociados con los consiguientes cambios actualizados». Algunos.

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Soraya Sáenz de Santamaría, puesto que el debate incluía los recursos que hay también interpuestos contra diversas normas emanadas del parlamento de la CAV, recordó también que el gobierno vasco ha recurrido en 34 ocasiones disposiciones del gobierno central, mientras que éste lo ha hecho sólo contra 17 disposiciones del Gobierno autonómico. Es decir, que es mayor la conflictividad del ejecutivo vasco contra la legislación estatal que la conflictividad del ejecutivo central contra la legislación de la CAV.

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En lo que se refiere a las leyes navarras, la vicepresidenta señaló que se han recurrido 15 disposiciones del Parlamento navarro, algunas de las cuales, recordó, fueron aprobadas «en contra» de los servicios jurídicos del propio parlamento foral, cosa en la que tiene razón.

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La negociación PP-PNV como trasfondo

A nadie se le escapa, sin embargo, que este súbito cambio de actitud coincide con la formación de un nuevo gobierno en minoría que se va a ver abocado a distintos pactos y acuerdos en los que el PNV puede jugar un papel relevante. Da la impresión, a la luz de las declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría, de que los recursos del estado contra diversas normativas de la CAV y Navarra pueden formar parte del pack de la negociación.

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María Solana, la portavoz del Gobierno de Navarra, declaró en relación al anuncio de «reanalizar» los recursos en proceso que «si así es nos parece una buena noticia». La portavoz apostó por «avanzar en el diálogo, avanzar en esa revisión y avanzar en levantar ese veto a esas leyes que el Parlamento de Navarra, con su mayoría democrática y legítima, ha aprobado».

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El derecho a decidir cada uno por su lado, con carácter absoluto, como no aceptación de la democracia

La democracia, sin embargo, no es que en una casa los de un piso decidan todo por separado. La democracia es que en las cosas comunes la mayoría decide. El antidemócrata es quien, para no acatar la decisión de la mayoría, dice que su piso va aparte y no acata la decisión democrática de la mayoría. Esto por no mencionar que los nacionalistas vascos niegan de la CAV para adentro el principio que reclaman de la CAV para afuera. Es decir, ni Alava, ni Vizcaya ni Guipúzcoa son sujetos de decisión. De hecho no tienen ni Sanidad ni Educación propias. Ni siquiera hay ya diferencias fiscales, puesto que se han armonizado todas las provincias. Si mañana una provincia vasca decidiera no acatar una decisión del gobierno vasco, ¿qué actitud tomaría el gobierno vasco?

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¿Y si Navarra, como quieren los nacionalistas, fuera una diputación más de la CAV?

Imaginemos por un momento una Euskadi, independiente o no, en la que estuviera incluida Navarra, tal como le gustaría a Uxue Barcos y anhela el nacionalismo en general. ¿Se acabarían entonces los conflictos competenciales? Obviamente no. En tal caso la Comunidad Foral sería una diputación vasca más, una de cuatro, y los conflictos los tendría con el gobierno vasco central.

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El Parlamento de Navarra pasaría a ser un órgano como las Juntas de Guipúzcoa, Alava o Vizcaya, con competencias muy limitadas y sin Sanidad ni Educación. Navarra pasaría de autogestionar cerca del 90% de lo que recauda y pagar el 10% al gobierno central, a autogestionar el 10% y pagar el 90% al gobierno central vasco, como hacen las 3 diputaciones vascas. El instrumento más importante que les queda a los territorios vascos es la autonomía fiscal, una autonomía amenazada sin embargo desde hace tiempo por los partidarios de la “armonización fiscal”, que de hecho ya rige en este momento.

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En el Parlamento de Vitoria, por otra parte, Navarra tendría 25 de 100 diputados. Actualmente el parlamento vasco tiene 75 diputados, 25 por territorio. Quiere decir todo esto que resulta irónico que haya quien se rasgue las vestiduras por los conflictos competenciales entre Navarra y el estado, pero luego pretenda meter a Navarra en otra estructura en la que podríamos tener no ya los mismos conflictos competenciales o más, sino directamente muchas menos competencias. Los conflictos que surgieran entre las Juntas Generales de Navarra y el Gobierno de Vitoria no las resolvería el Tribunal Constitucional, sino la Comisión Arbitral del País Vasco, de cuyos 7 miembros (u 8 con la anexión de Navarra) elegiríamos 1.

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Por lo demás, incluso al margen del estado o de una hipotética anexión a la CAV, las normas del Parlamento de Navarra aún tienen que respetar un marco superior como es el de la Unión Europea, salvo que estuviéramos fuera con los pros y los contras que eso conlleva. Los conflictos con los marcos competenciales superiores son por tanto inevitables incluso aunque uno trate de evitarlos, no digamos ya si uno deliberadamente los busca.

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Si al nacionalismo le interesa el conflicto, siempre habrá conflicto

A nadie se le escapa por tanto que en este exagerado conflicto de diseño entre Navarra y el estado tiene mucho más que ver la ideología que el marco competencial. Si hubiera en Navarra una mayoría provida y en el Congreso de los Diputados una mayoría abortista, ¿con quién se situarían las fuerzas “de progreso” que ahora claman por el derecho a decidir de Navarra? En 2015 el TC desestimó el recurso del Parlamento navarro contra la supresión de la paga extra de los funcionarios. Los Servicios Jurídicos del Parlamento de Navarra, no obstante, ya habían alertado de que la viabilidad del recurso era dudosa. ¿Cómo es posible que los mismos partidos que presentaron un recurso ante el TC para poder abonar la paga extra ahora no la paguen? ¿No presentaron un recurso para pagarla? Esta aparente contradicción es posible porque los recursos y los conflictos con el estado son, al menos en parte, algo deseado y buscado por fines propagandísticos, siendo la paga extra o el asunto de fondo de que se trate lo de menos. No diremos que siempre y que los recursos de Navarra nunca tienen fundamento, pero así es de vez en cuando y casi siempre cuando el conflicto se genera a iniciativa del nacioanalismo.

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¿Y si los nacionalistas tienen razón?

Naturalmente no podemos caer en el extremo de decir que todas las reclamaciones de Navarra son sistemáticamente injustas. O pensar que la actuación del estado es sistemáticamente respetuosa con nuestras competencias y que el estado siempre tiene razón. Esto es una baza a favor de los nacionalistas y es que, aunque ellos busquen siempre la conflictividad y casi nunca tengan razón, a pesar de ello hay que separar el grano de la paja y analizar, o en este caso reanalizar cada conflicto presentado caso por caso.

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