¿Es viable que la Hacienda Foral recaude 590 millones más luchando contra el fraude?

Noticia de alcance en el día de ayer: El borrador del nuevo Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal 2016-2019 intensificará las acciones para la detección y prevención de este tipo de prácticas. Contempla un total de 215 medidas y unas previsiones de recaudación por esta vía de 590 millones de euros en la presente legislatura. Esta cuantía supone un incremento del 5% respecto a lo contemplado en el documento actualmente en vigor (2014-2017), que recoge 157 medidas con un impacto previsto de 560 millones. ¿Nos encontramos ante una noticia buena, mala o de ciencia ficción?

En principio la noticia es o buena o de ciencia ficción. Es decir, podemos discutir que los impuestos sean altos o bajos -a nosotros nos gustan bajos-, pero lo que en principio no está bien es que alguien se evada de sus obligaciones. Lo que uno no paga de lo que le toca, lo tienen que pagar los demás. En consecuencia, la noticia es o buena o de ciencia ficción.

El problema es que, como a nadie se le escapa, 590 millones de euros es una cantidad gigantesca. ¿Es realista un aumento semejante de la recaudación mediante la lucha contra el fraude y la economía sumergida?

Para empezar a contextualizar los 590 millones de los que habla el gobierno, hay que tener en cuenta que los ingresos fiscales de las arcas forales en 2015 fueron 3.173 millones de euros. Hablamos por tanto efectivamente de un incremento enorme.

Si el gobierno consiguiera recaudar todo ese dinero, por otro lado, una pregunta interesante tendría que ser si debería gastarlo el gobierno o si, por el contrario, al aflorar todo ese dinero lo que tendría que hacerse es bajarse los impuestos y liberar a los contribuyentes del sobreesfuerzo que han estado manteniendo. De todos modos, como vamos a ver, es sumamente improbable que la Hacienda Foral llegue a recaudar nunca esos 590 millones de euros.

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¿Cuál es la magnitud de la economía sumergida navarra?

Evidentemente no se conoce el dato de lo que se defrauda a Hacienda, porque si Hacienda conociera todo lo que no se le declara entonces el fraude no existiría. En consecuencia los cálculos que se conocen hay que realizarlos en base a estimaciones indirectas, primer problema. En base a estas estimaciones, además, nos encontramos con que la economía sumergida en Navarra representa alrededor del 18% del PIB. Es es, por ejemplo, el resultado de un estudio encargado por el anterior ejecutivo publicado en 2014 con datos del 2012.

¿Cuál es la magnitud de la economía sumergida en relación con la de nuestro entorno?

Si comparamos ese 18% de economía sumergida navarra con la economía sumergida estimada en nuestro entorno, vemos que en los países nórdicos o Alemania la economía sumergida ronda el 15%. El país con una economía sumergida estimada más baja es Austria, en la que no llega al 9%. Es importante reseñar que no hay ningún país en el que no haya economía sumergida.

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Las cuentas no cuadran

Si ponemos en relación todos los datos que hemos ido desgranando, da la impresión de que las cuentas del gobierno foral no cuadran de ningún modo. Si consiguiéramos reducir la economía sumergida al 9%, a la par del país europeo con menos economía sumergida, afloraría un 9% de PIB.  Si la recaudación fiscal actual es de 3.173 millones, añadir un 9% de PIB supondría un incremento de unos 285 millones de euros, muy por debajo de las estimaciones del gobierno.

El gobierno sólo alcanzaría un incremento de la recaudación que se acercara a su previsión de 590 millones si acabara completamente con el fraude, cosa que no se consigue en ningún país del mundo, por lo que parece un objetivo poco realista. De hecho, si sólo consiguiéramos bajar la economía sumergida a los niveles de Suecia, Finlandia o Alemania (alrededor del 15%), eso significaría aflorar únicamente un 3% de PIB, es decir unos 95 millones considerando lo que recaudamos ahora sobre el total del PIB. Que no estaría mal, pero es un dato muy alejado de la previsión gubernamental.

El dinero que recupera la Hacienda Foral está en mínimos de la última década

Hace menos de un mes nos hacíamos eco de la noticia de que los importes recuperados vía gestión e inspección por la Hacienda Foral habían caído prácticamente a la mitad en los últimos años, y en 2015 se obtuvieron apenas 75 millones, la cantidad más baja de la última década. Es decir, que las inspecciones de Hacienda cada vez recuperan menos dinero, ¿cómo va a aumentar entonces la recaudación fiscal?

La razón de que la Hacienda Foral esté recuperando menos dinero a través de las inspecciones es que el fraude es una constante. La gente intenta defraudar siempre, con crisis y sin crisis. Si el volumen de la economía es 100 y el fraude un 10%, el volumen del fraude será 10. Pero si durante la crisis la actividad económica se reduce a 80, el volumen del fraude será 8. Es decir, durante las crisis de hecho hay menos fraude, porque también hay menos actividad económica. Que vaya a aumentar la recaudación puede depender más por tanto del crecimiento económico que de la lucha contra el fraude, por más que esté muy bien luchar contra el fraude, con alguna objeción.

Hemos comenzado por decir que está muy bien luchar contra el fraude fiscal, pero pongamos también alguna limitación. El artículo 31 de la Constitución Española, del que casi ningún político suele hablar, establece que:

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

En Alemania se consideran inconstitucionales los impuestos por encima del 50% por considerar que tendrían carácter confiscatorio. Acabamos de conocer el dato de que la liberación fiscal sucede a finales de junio, luego ya estamos trabajando de hecho la mitad del año para pagar a Hacienda, no los ricos, que también, sino el conjunto de los que pagamos a Hacienda.  ¿Es justo que el gobierno le quite a alguien más del 50% de lo que gana? Desmotivador sí que lo es, eso sin duda, o motivador de pedir la nacionalidad en otro país. Cualquiera de las dos cosas, además de desmotivadora e injusta, puede ser contraproducente para la recaudación.

Solemos pensar además que es bueno que exista una nutrida plantilla de inspectores de Hacienda para que paguen lo que deben las grandes fortunas y las grandes empresas. Pero en realidad no hace falta una legión de inspectores para controlar a las grandes fortunas y las grandes empresas, sencillamente porque tampoco hay tantas grandes fortunas ni tantas grandes empresas. Lo que se puede generar en cambio es una especie de estado policial-fiscal que asfixie a los ciudadanos y las empresas. Hacienda pierde cerca de la mitad de las reclamaciones contra los contribuyentes, un porcentaje elevadísimo teniendo en cuenta además que no todos los contribuyentes que tienen razón reclaman. Es decir, Hacienda reclama muy a menudo en su voracidad cantidades que no le corresponden. La necesidad de dinero de la administración durante la crisis ha llevado a que se extreme el celo de las inspecciones, aumente la litigiosidad y se multipliquen los injusticias contra los contribuyentes por exceso de celo y voracidad recaudatoria. En principio la idea de que se persiga a los defraudadores suena bien, pero si se va a someter a todos los ciudadanos a un marcaje asfixiante podemos encontrarnos en el umbral de una pesadilla, con el añadido de que las tuercas probablemente se apretarían a los mismos que ya están contribuyendo, y no a los auténticos defraudadores que se mueven fuera de los radares de Hacienda.

Como conclusión, parece improbable que se vaya a conseguir, ni remotamente, aflorar 590 millones de euros. Ahora bien, si ese objetivo se consigue lo celebraremos, al menos en la medida en que consista en que paguen quienes ahora no pagan cuando debieran hacerlo y no en exprimir más a quienes ya están pagando y mucho. Es más, en la medida en la que afloren defraudadores de lo que quizá se trataría es de bajar los impuestos.