Respecto a los taxis, existían 170 licencias (otras fuentes hablan de 220) para una población de 200.000 personas. 320.000 si se considera todo el área metropolitana de Pamplona. A pesar de lo que había aumentado la población, el número de licencias no había aumentado en 27 años. Por ridículo que parezca, nadie puede trabajar como taxista sin una concesión administrativa en un sector absolutamente regulado, y por tanto ineficiente. Obtener una licencia, llegaba a costar 450.000 euros, el servicio para los ciudadanos era absolutamente ineficiente y los taxistas ostentaban vehículos de altísima gama para realizar su trabajo. El conflicto estalló (recuérdese la sonada intervención de Txentxo Jiménez, en la foto) cuando se intentó conceder 90 nuevas licencias.
Aparte otras consideraciones, 90 familias viven de aquella nueva concesión, el servicio ha mejorado, y la situación aún podría ser mucho mejor si el sector no estuviera tan regulado.
Respecto a las farmacias, fruto de la desregulación, existen actualmente 271 farmacias más que antes de cambiarse la normativa. Al menos 271 familias navarras, por tanto, que encuentran una fuente de ingresos en el libre mercado. Personas a las que los contribuyentes no tienen que pagar el paro y que han dejado de aspirar a un puesto en la Administración para poder llenar el plato. Los ciudadanos, por su parte, tienen un servicio mejor y más cercano. Algo que debería ser la norma aplicando el principio de subsidiaridad del estado.
Sea determinar el número de taxistas o el de farmacias que hacen falta en Navarra, a la luz de las cifras mucho mejor que la Administración puede hacerlo el libre mercado, más barato, más eficiente, liberando a la Administración, ofreciendo un mejor servicio y generando más empleo. A consecuencia de lo cual, además, podríamos pagar menos impuestos.
