Hoy, con libertad y “pluralismo”, cualquier ciudadano español puede profesar su religión (católica, ortodoxa, protestante, musulmana… incluida la de la logia masónica) o puede no profesar. Nuestra libertad religiosa no necesita ninguna revisión de la ley, más bien el Estado debiera ocuparse de garantizar y proteger la libertad de conciencia, por ejemplo, reconociendo el derecho a la objeción contra Educación para la Ciudadanía. Porque ésta emana de la libertad de conciencia que ahora proclama el Gobierno.
Desde la aprobación, sin consenso, de la LOE (con tres millones de firmas en contra) y la imposición posterior de la asignatura de Educación (contra) la Ciudadanía, están surgiendo miles de objeciones (30.460 en sólo un año, contra la mili 70.000 en diez años). El Gobierno, lejos de reconocer esta libertad de conciencia, responde con duros y frontales ataques cargados de talante y sonrisa. No olvidemos que la imposición de esta asignatura, por parte del gobierno socialista, afecta a la moral, a la ética y a la concepción de la persona y la sociedad y el Estado no puede inmiscuirse en la educación y formación moral de nuestros hijos. Es responsabilidad exclusiva de los padres. Por eso, respondemos con la objeción de conciencia, cuyo objetivo es que esta asignatura no se imparta o, cuando menos, sea optativa y no calificable igual que -por cierto- ocurre con religión.
Con la palabra ciudadanía confunden a la sociedad. El civismo y la convivencia se aprenden en la familia y en el propio colegio, pero en todas y cada una de las asignaturas, ya que, simplemente, consiste en enseñar y transmitir a nuestros hijos valores naturales de respeto, convivencia, solidaridad, amistad, amor, relaciones humanas, buenas maneras… Si de esto se tratara sería plausible.
No nos engañen. La demagogia, la ambigüedad, la falsedad y la confusión quizá tengan cabida en el trato político con la oposición, pero no cabe -ni lo admitimos- en temas morales, éticos, de conciencia, de ideas. Estos, únicamente, deben ser reconocidos, amparados, garantizados y protegidos por el Estado.
Señores socialistas, la objeción de conciencia proviene de la libertad de conciencia, la que –dicen- quieren garantizar.