Los dilemas de un consejero de Educación.
Carlos Pérez-Nievas, desde el primer momento, trató de dejar claro que él no es ningún partidario de Educación para la Ciudadanía. Es más, aludió a la legislatura anterior cuando, siendo portavoz de CDN para asuntos de Educación, todos sus comentarios fueron “radicalmente contrarios” a esta asignatura. El consejero manifestó que su criterio personal es de disconformidad con la asignatura tal y como se encuentra actualmente planteada. No obstante, se hacía ayer esta reflexión:
"¿Con qué se encuentra un consejero de Educación que tiene que tomar la decisión de si se aplica o no una determinada asignatura? En principio con un marco que es el que lo obliga. Le gustará más, le gustará menos, pero es una asignatura que la Ley Orgánica de Educacion, nada menos, plantea como obligatoria. Eso es un marco que tiene el consejero de Educación de navarra y el de cualquier otra comunidad, y por tanto allí dice que será obligatoria, que habrá que incorporarla al currículum y que por lo tanto deberá ser evaluada como el resto de asignaturas obligatorias. Esté o no esté de acuerdo con eso. Y el planteamiento es que en principio, tal y como se desarrolla, yo podría decir que no estoy de acuerdo, pero mi criterio personal no puede ser el que prime en este caso".
Pérez-Nievas recordó que su antecesor en el cargo, Luis Campoy (UPN), se hizo exactamente la misma reflexión, llegando a la misma conclusión. El consejero subrayaba así el carácter heredado de la asignatura.
No tengo la capacidad ni la potestad.
El consejero explicó también que él no niega el derecho a la objeción de conciencia, pero que en su opinión no es quién para reconocerlo:
“Yo no comparto por lo tanto que no exista la libertad de conciencia reconocida en el marco de la Constitución. Por supuesto que existe y por supuesto que se debe aplicar. Lo que pasa es que cuando se me plantea el problema digo: yo, departamento de Educación del gobierno de Navarra, no soy quien para decidir si acepto o no acepto la objeción de conciencia… Yo, Consejero de Educación, no tengo la capacidad ni la potestad de determinar si esa solicitud está amparada por el ordenamiento jurídico o no. Podría haberlo hecho, pero evidentemente el Abogado del Estado hubiera sido inmediatamente citado para recurrir mi resolución, y evidentemente tendríamos un recurso jurisdiccional. A mi me parece que no es el caso, yo cumplo con el ordenamiento. Es la obligación me guste más o me guste menos."
En su propio colegio.
Carlos Pérez-Nievas relató cómo explicó esta situación en Tudela, a requerimiento de una APYMA del colegio de los Jesuitas donde él mismo había estudiado. El consejero les planteó lo siguiente:
“Mi departamento no va a aceptar la objeción de conciencia de los padres, pero tenéis que presentar la objeción de conciencia porque yo necesito la garantía jurídica de que lo que estoy haciendo es lo correcto. El planteamiento es presentar la objeción, que yo departamento os la voy a rechazar. Yles anunciaba ya: el rechazo de esa objeción de conciencia supone abrir la vía para que estos padres acudieran al ordenamiento jurídico y a los tribunales que son los únicos que, en mi opinión, tienen la capacidad de determinar si existe o no existe ese derecho. Por lo tanto yo no defiendo que aquí no existe la libertad de conciencia, por supuesto que existe por lo menos potencialmente, yo no soy quién para interpretar si ese derecho se da”.
La clave de todo la tiene el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
En este sentido, Perez nievas anunció que acatará y aplicará lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Navarra “en un sentido o en otro”, independientemente de lo que se decida en otros tribunales de otros comunidades y mientras el Supremo no se manifieste en sentido contrario.
“Si el TSJN dice que tenemos que no evaluar a los alumnos y reconoce el derecho, el departamento de Educación del gobierno de Navarra no evaluará a los alumnos y reconocerá su derecho. Y si me dice que efectivamente no ha lugar a reconocer la objeción de conciencia de los padres y que debe implantarse la asignatura y debe evaluarse y debe impartirse, el departamento de Educación mantendrá el criterio que ha mantenido hasta ahora”.
Pérez-Nievas insistió en que quien no acuda a clase y no se examine será suspendido. En este sentido declaró que “ojalá que el TSJN agilice la resolución para no encontrarnos con tener que suspender a nadie, pero en este momento, quien en algunos centros no participe en las clases y por tanto no haya sido evaluado no tiene más consecuencia que ésa”. El consejero mostró su deseo de que el pronunciamiento del Tribunal se produzca cuanto antes y, a ser posible, antes de que finalice este mismo curso.
Discrepancia de Benigno Blanco.
El presidente del Foro Español de la Familia expresó su discrepancia con el planteamiento de Pérez-Nievas y argumentó que, desde el punto de vista jurídico, no veía “ningún inconveniente en abstracto para que la Administración, cuando le llega un caso de objeción de conciencia, adopte la postura de decir “sí”, aunque luego lo recurra el Abogado del Estado”.
Lo cierto es que la postura del gobierno de Navarra no parece neutral en este asunto al negarse a reconocer el derecho de los objetores. El gobierno de Navarra se enfrentaba a dos posibilidades. La de no reconocer el derecho a la objeción de los padres, y que fueran estos quienes acudieran a los tribunales, o la de reconocerlo y que fuera el Abogado del Estado quien recurriera. El gobierno de Navarra hizo su elección. Como argumentaba Benigno Blanco, el gobierno de Navarra podía haber optado por reconocer el derecho de los padres y que fuera el estado, en todo caso, quien recurriera la decisión. Y ahí estaban los tribunales para darle la razón al Abogado del Estado si la tenía. No se entiende muy bien la necesidad de quitarle trabajo al Abogado del Estado y echar esa pesada carga, en cambio, sobre los padres objetores.
El caballo de Troya socialista.
Pérez-Nievas, sin embargo, no ocultó sus recelos sobre la asignatura. Por un lado, reconoció que la posibilidad de adaptar los contenidos de EpC al ideario de cada centro pasa por la decisión del gobierno socialista de hacer “la vista gorda” sobre esta adaptación. Por otra parte, admitió que el gobierno podía estar haciendo “la vista gorda” para facilitar la implantación de la asignatura sin resistencia, convirtiéndola más tarde en un autentico “caballo de Troya” del socialismo en las aulas:
"La adaptación de lo que es el desarrollo curricular de la EpC y el ideario de cada centro es una excusa del gobierno para dominar a fondo la realidad de la asignatura, y no lo ha puesto por escrito porque no se ha querido poner, pero es una forma de decir al final: si el objetivo político lo hemos conseguido de una forma clara, tampoco vamos a entrar ahora en una persecución de lo que se está dando en los centros, y de hecho no se está haciendo, por lo menos tengo constancia de que en Navarra no se está haciendo. No viene la Alta Inspección del estado al departamento de Educación y nos dice vamos a exigir centro por centro a ver si exactamente están cumpliendo con lo que marcaba el decreto estatal del desarrollo de la asignatura".
"Estamos incómodos con esta asignatura. Muchos. En algunos aspectos. Y no nos gusta la situación que nos pueda tocar. Yo creo que los directores de centros les pasa un poco la misma situación, están ellos un poco a la espera de que se decida y se clarifique.
"Introducida en el currículum de educación secundaria, se introduce en primaria y ya está metida la pica en Flandes. Ese es el problema que podemos tener. Ese es el problema que yo veo en el futuro. Introducida la pica en Flandes, o el caballo de Troya, a partir de ahí qué va a pasar, el caballo vuelve a salir o se queda dentro y empiezan a salir los soldados en esta legislatura y empezamos a ver una labor de inspección en cuanto a adaptar el contenido ideológico".
Los hombres de CIVES.
Finalmente, el público planteó en el turno de preguntas la posibilidad de que impartieran EpC profesores formados directamente al efecto por la fundación CIVES, fundación en la órbita del PSOE y propulsora de la asignatura, que según distintos medios habría formado ya a varios cientos de profesores.
Pérez-Nievas reconoció que, en todo caso, son estos profesores de CIVES los que representan la ortodoxia y gozan de la protección del ordenamiento. Situación que contrasta vivamente con la de quienes han aceptado la asignatura a cambio de poder adaptarla, cuya situación depende exclusivamente de que el gobierno siga o no haciendo “la vista gorda”, como explicaba el propio Pérez-Nievas.
"Yo creo que no es posible ese planteameinto en este momento. Otra cosa es que Profesores con plaza fija en un centro publico, que van a dar la asignatura o la están dando, hayan ido voluntariamente a una formación con alguna fundación perteneciente a la órbita del partido socialista y vuelvan a los centros a implantarla con toda la carga ideológica que tengan. En ese caso nosotros lo que tenemos que hacer simplemente, y ahí sí que podemos tener un problema… porque decía Benigno el decreto no se puede…lo del ideario adaptarlo pues es una vista gorda, las cosas como son".
Y añadíó:
"Lo cierto es que si alguien quiere exactamente aplicar lo que manda el ministerio y la interpretación que hacen los popes de la asignatura tendríamos dificultades para conseguir que se declarara que está excediéndose porque estaría cumpliendo con lo que el decreto puede permitir".
La sensación final del debate fue que el consejero Pérez-Nievas renegaba claramente del apadrinamiento de la asignatura, recordando su oposición a la misma en CDN y su carácter heredado del anterior consejero, de UPN. No disimuló que su criterio personal sigue siendo de oposición a la asingnatura y demostró ser perfectamente consciente de los riesgos y de la posible estrategia de fondo del partido socialista. En este sentido quedó claro que, si se aprecia alguna tibieza en el gobierno navarro, no es exclusivamente atribuible en absoluto a una postura personal del consejero.
