El nuevo pacto no constituiría una reedición, sino una alternativa al Pacto Antiterrorista firmado por el PSOE y el PP en el año 2000. Uno de los fines de este nuevo pacto sería tratar de integrar en él a todos los partidos políticos. Otra de sus características peculiares, al parecer, sería también el que no se formalizaría por escrito, sino que se limitaría a un compromiso verbal.
Otro de los obstáculos de cara a posibilitar una política antiterrorista unitaria es la exigencia del PP respecto a la derogación de la iniciativa parlamentaria que permitía al gobierno y sus socios iniciar un proceso de diálogo con ETA, bajo unas condiciones que nunca se cumplieron. No obstante, el secretario de organización del PSOE, José Blanco, en lo que parece un gesto hacia el PP ha declarado que dicha resolución del Congreso “quedó derogada de facto una vez que se disuelven las Cortes”.