“No puede haber un título sin Educación para la Ciudadanía, como no lo puede haber sin Matemáticas o sin Física”, es la amenaza que esgrime el gobierno por boca de su ministra protavoz. Añade además la vicepresidenta que “en un Estado de Derecho la Ley es exactamente igual para todos; nadie puede vulnerarla, incumplirla ni objetarla”. Paradójicamente, esta declaración de la portavoz del gobierno llega la misma semana en que, ese mismo gobierno que ahora niega la objeción de conciencia, ha aprobado una reforma de la seguridad social en la que a los objetores al servicio militar obligatorio se les reconoce como período cotizado el tiempo que duró su prestación social sustitutoria.
Parece olvidar también el actual gobierno la sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de abril de 1985, en la que se establece que el derecho a la objeción de conciencia “existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 C.E y, como este Tribunal ha indicado en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales”.
