Cuando se inició la polémica sobre el cambio de denominación de la Plaza del Conde de Rodezno me permití recomendar a la alcaldesa Yolanda Barcina que diera una solución definitiva con una denominación de convergencia como podría ser “Plaza del Reino de Navarra” o “Plaza de los Fueros de Navarra”. No tuve éxito. Reconozco que no me gustó en absoluto el nuevo nombre Plaza de (sin l) Rodezno, porque el condado de Rodezno no tiene ninguna entidad histórica como para merecer una de las mejores plazas de Pamplona.
Nada tengo que oponer a que se rebautice la Plaza con el nombre de Serapio Esparza si se trata con ello de destacar su labor arquitectónica en el diseño del II Ensanche. Gracias a este acuerdo municipal me he enterado que fue, entre otras muchas cosas, el autor del proyecto de las Escuelas Vázquez de Mella, donde aprendí a leer y escribir, el edificio de Salesianos, cuya iglesia frecuento, y la Basílica de San Ignacio, donde se honra a mi santo patrón. He leído también que era miembro del Partido Nacionalista Vasco*, lo que –de ser cierto– explicaría que después de la guerra civil pudiera desarrollar tan brillante carrera profesional, pues el Napar Buru Batzar se adhirió al alzamiento.
* Esparza se presentó a las elecciones a diputado a Cortes en 1933, en las que no resultó elegido. Anteriormente había sido carlista y, por tanto, compañero de partido del Conde de Rodezno. Es decir, no fue un afiliado de base sino un militante destacado, que perteneció al Napar Buru Batzar.
Dicho lo anterior, y con independencia del juicio que pueda merecernos la actuación política del Conde de Rodezno, lo cierto es que a Tomás Domínguez de Arévalo no sólo se le ha privado del reconocimiento otorgado por otra Corporación pamplonesa, sino que para justificar políticamente tal decisión, al margen de las explicaciones oficiales, no se ha dudado en vulnerar gravísimamente su honor. La prensa aberzale de aquí y de allí ha divulgado a los cuatro vientos que con esta decisión “Irunea pone fin al agravio a 50.000 fusilados por el Conde de Rodezno” en su condición de ministro de Justicia durante la guerra civil. Y esto es absolutamente falso.
Puesto que el alcalde Asirón suele dar lecciones de historia, no tiene ninguna excusa para desconocer que el Conde de Rodezno, uno de los políticos más relevantes del carlismo navarro en la primera mitad del siglo XX, fue ministro de Justicia entre enero de 1937 y septiembre de 1938, pero no firmó ni una sola pena de muerte por la sencilla razón de que tras la proclamación del estado de guerra se atribuía a la jurisdicción militar el enjuiciamiento de los llamados delitos sujetos al Código de Justicia Militar. Los juicios sumarísimos se sustanciaban ante Consejos de Guerra, integrados por militares, cuyas sentencias se sometían a la ratificación del correspondiente capitán general y si eran de muerte debían contar, además, con el “enterado” del general Franco como jefe supremo del ejército. Todo ello sin intervención alguna del ministro de Justicia. (Por si desconfía de mi rigor histórico le recomiendo la lectura del trabajo publicado por el que fue Fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, elegido eurodiputado en las listas de Podemos, titulado “La destrucción del orden republicano”, en Revista Hispano Nova, nº 7, año 2007.) Es como si se acusara al histórico político nacionalista Manuel de Irujo de haber firmado todas las ejecuciones ordenadas y ejecutadas por los tribunales populares en la zona republicana en el tiempo en que fue ministro de Justicia del gobierno del socialista Juan Negrín en 1937.
Jaime Ignacio del Burgo
