La malicia de penalizar las viviendas vacías

La argumentación para penalizar desde la Administración la existencia de viviendas vacías y desocupadas es clara: estimular el alquiler, facilitar el acceso a la vivienda e impedir que haya al mismo tiempo gente sin techo y casas vacías.

En primer lugar, sin embargo, hay que reflexionar un momento sobre la idea de penalizar a alguien por el mero hecho tener una vivienda vacía. Pensemos en alguien que hereda la casa de sus padres. De inmediato se convierte en propietario de una vivienda desocupada. ¿Pero acaso ha alcanzado ese estado convirtiéndose en una especie de delincuente? ¿Por qué tiene que venderla o alquilarla? ¿Y por qué tiene que hacerlo de inmediato? ¿Acaso no está en su derecho de pensar que los pisos subirán en el futuro y que es un mal momento para venderla?

¿Y por que tiene el gobierno que decidir que la gente alquile o compre cuando esa es una decisión difícil, que depende de algunas variables imprevisibles (como la evolución futura de la vivienda o los tipos de interés) y en la que no está escrito el resultado, se sea pobre o se sea rico?

Pero aún se puede ir un paso más allá. ¿Quién dice que hay exactamente el mismo número de personas sin techo que de viviendas vacías? Parece más que probable, por el número de desahucios y el de viviendas vacías, que hay muchas más viviendas vacías que personas sin vivienda. Y si es así, ¿cómo se ocupan todas las casas? Y en tal caso, ¿puede una ley imponer un castigo por no hacer algo que es imposible hacer?

Si el gobierno, imaginemos, impusiera penalizaciones de 1.000 euros por tener una vivienda vacía, podría llegarse al absurdo de que el propietario tuviera que ofrecer 999 euros a quien la alquilara el piso, para salir menos perjudicado. Pensando mal, podría concluirse que de lo que se trata a fin de cuentas es de sacarse de la chistera otro impuesto más y no de arreglar realmente el problema de la vivienda, vistiéndolo eso sí de medida social.

Penalizar las viviendas vacías es una de esas medidas que pueden parecer buenas ideas, acaso bienintencionadas, pero cuya aprobación tendría consecuencias catastróficas, como la paralización de los desahucios.

Si a alguien no se le puede desahuciar, ¿qué sentido tendría que nadie pagara su hipoteca? No se pueden paralizar los desahucios sin más porque equivaldría a convertir en idiotas a todos los que pagan su hipoteca.

Tampoco tiene sentido paralizar los desahucios porque existen multitud de situaciones en las que una persona o una familia dependen para su subsistencia de la renta de un inmueble. ¿Qué va a hacer la persona o la familia que depende de una renta si ni se le paga ni puede liberar el inmueble para alquilarlo a otra persona? No se puede evitar el drama de una familia trasladándoselo a otra.

Y aún hay más. El piso es la garantía del préstamo que nos hace el banco cuando lo compramos. Si se paralizan los desahucios, ¿qué valor tendría un piso como garantía? Y si los pisos dejaran de servir como garantía, ¿cómo podría pedir un crédito la gente para comprarse un piso? Para garantizar la vivienda de unas pocas personas en situación difícil, se haría casi imposible el acceso a la vivienda a la práctica totalidad de la población.

Todo lo anterior no quiere decir que a las personas desahuciadas o sin recursos haya que dejarlas tiradas en la calle, sino que las medidas que habitualmente propone la izquierda para ayudarlas no tienen ni pies ni cabeza.

Desde cualquier punto de vista tiene mucho más sentido que ese estado pequeño y sostenible al que aspiramos, que tiene que dedicarse a lo realmente importante y nada más, ayude a esas personas y sólo a esas personas mediante la dación en pago, alquileres sociales o rentas de inclusión. Pero sin cargarse la seguridad jurídica, el crédito bancario o la propiedad privada.

Sobre todo si luego, en la práctica, lo que uno hace en la vida real no tiene nada que ver con las ideas que predica, como la número 3 de Podemos en Navarra.