El gobierno de la CAV, a través de Lanbide, paga a las personas necesitadas que cumplen una serie de requisitos la llamada RGI (Renta de Garantía de Ingresos), así como diversas ayudas para el alquiler de vivienda. Pues bien, la mala gestión de Lanbide en los últimos años ha generado en las arcas públicas de la CAV un agujero de casi 90 millones de euros. Se trata de ayudas que se pagaron a quien no correspondía o por encima de lo que le correspondía y que ahora Lanbide reclama a nada menos que a 86.000 familias.
Evidentemente a estas familias se les ocasiona un grave quebranto puesto que, al margen de que hayan cobrado o no algunas cantidades que no les correspondían, se trata de hogares humildes que ahora no pueden hacer frente o muy difícilmente a la devolución que se les exige.
De entrada resulta controvertida la calificación de estas personas, puesto que al menos en parte no cobraron de más por haber engañado sino por el propio caos que al parecer se producía en la gestión de las ayudas dentro del propio Lanbide. En la prensa se pueden encontrar casos como personas que a lo mejor encontraban trabajo durante una semana, lo comunicaban a Lanbide, pero luego Lanbide les abonaba el mes entero. Naturalmente en toda esta mezcla también habrá casos genuinos de fraude, pero a muchas personas, según las plataformas de afectados que ya se han formado, se les están reclamando cantidades sin que sepan exactamente de qué momento o el porqué. Por consiguiente, ¿estamos ante 86.000 defraudadores o ante 86.000 personas a las que Lanbide prácticamente se empeñó por su propia incompetencia en pagarles de más?
Acabar reventando a quien se trataba de ayudar
Partiendo de la base de que Lanbide tiene razón al reclamar, su descuidada gestión se encuentra no obstante en el origen del problema. Ahora a casi todas esas familias les resulta sumamente gravoso devolver las cantidades que se les reclama, aunque se les reclame con razón. Los afectados reivindican poder pagar en cuotas de 30 euros mensuales porque el gobierno vasco les está quitando el 30% de la ayuda que perciben para compensar lo cobrado de más en el pasado. Puesto que se trata de familias que teóricamente se encuentran en situaciones límite y que es precisamente por ello que reciben la RGI, la cual tampoco es muy elevada, quitarles el 30% de esta ayuda les lleva en muchos casos al borde del precipicio. El agujero en las arcas públicas vascas supera los 86 millones de euros, lo que supone que cada afectado tiene que devolver unos 1.000 euros de media, aunque en algunos casos pueden ser muchos más, todo ello teniendo siempre en cuenta de que hablamos de personas de muy escaso poder económico.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/03/16/paisvasco/1426496594_036775.html
3 respuestas
Abierto ahora a comentarios
Supongo que el Diario de Mentizias saldrá gritando contra esos fascirrecortes, esos asesinatos en masa de los pobres y tal.
Ah, que no.
Supongo que el Diario de Navarra saldrá aireando a todo trapo estas cuestiones, para que los ciudadanos navarros tengan la información completa a la hora de ir a votar.
Ah, que tampoco.
Que está la cosa chunga y no hay que molestar a los posibles jefes, no sea que les de por querer de verdad saber qué ha pasado en la CAN, creyendo erróneamente que no van a cerrar Cordovilla en cuanto lleguen al machito foral.
Ahora apuesten. ¿Habrá el gobierno vasco alguna vez pedido la retrocesión, la devolución de alguna ayuda que haya dado al euskerabatúa? Se paga 1.000.000 a 1 el que apueste que «Si» y vaya y acierte.
¿ Gestion nefasta? ¿ Donde en Vascongadas? ¿ No es posible , eso es cosa de maquetos.
Me queda una duda.¿ Las cartas se han enviado en el batúa habitual ? ¿ Que han iniciado el procedimiento de cobro? ¿y que le van a embargar a esas familias humildes?. No creas ya se les ocurrirá algo, aunque de momento esas familias deben estar pero que muy tranquilas por que el Ararteco les ha dicho que pueden alegar y también recurrir por vía administrativa.Vamos tranquilisimas.