Hoy se cumplen exactamente dos años de la detención de Santiago Cervera. El extraño y novelesco caso de la Muralla, tras una investigación judicial a fondo de su vida personal, sigue sin resolverse después de todo este tiempo, condenando a Cervera a una larga espera bajo la sombra de la sospecha. En este segundo aniversario es el propio protagonista de los hechos quien, en exclusiva para Navarra Confidencial, nos pone al día sobre el estado de su proceso y reflexiona sobre su causa.

Dos años ya

Por Santiago Cervera.

Hoy se cumplen dos años desde que fui detenido en aquel lugar de la muralla de Pamplona del que tanto se ha escrito, un lugar desconocido entonces para muchos (yo mismo no sabía de su existencia) pero que hoy simboliza tanto.

Dos años en los que han pasado muchas cosas. Y una fundamental para mi: que sigo esperando que el asunto se aclare de una vez por todas, y con ello se certifique judicialmente mi inocencia.

No hace falta insistir mucho en las circunstancias del caso -la prensa, alguna prensa especialmente, se ha regodeado en el asunto-, pero sí poner énfasis en varios aspectos que no se deberían perder de vista.

Al día siguiente de aquel momento trágico en mi vida presenté mi dimisión como diputado con la única intención de facilitar la acción de la justicia. Creo que soy un caso único: no dimití por estar imputado, que no lo estaba en ese momento, sino que dimití para que se me imputara, y así poder acudir con mi abogado y mis razones delante de un juez.

Renuncié con ello a mi aforamiento como diputado, y lo hice en cuestión de horas. Me hace gracia que ahora muchos políticos orgánicos intentan teorizar sobre el sentido del aforamiento y lo manipulan a su gusto. Socialistas implicados en los EREs (Chaves o Griñán) han inventado la figura del pre-imputado, para poder declarar ante el Tribunal Supremo manteniendo intacto el escaño. La pluriempleada Cospedal -ojo, pluriempleada no es sinónimo de competente- decía hace poco que lo que debería determinar una dimisión no es la imputación, sino el procesamiento (y seguramente por eso mantiene a su gerente regional o a la alcaldesa de Alicante en sus puestos a pesar de sus graves imputaciones). Y en Navarra, para variar, hemos sido capaces de lo más alucinante: el aforamiento de una Presidenta que no sólo le libró a ella misma de ser imputada en el asunto de las dietas, sino que sirvió para salvar de la causa a otra media docena de no aforados.

Pues bien, mientras todos esos manosean hasta el límite asuntos tan principales, yo hice lo que me dictó la conciencia de respeto a la representación pública que siempre he tenido dentro de mí: dimitir para someterme a la justicia ordinaria, como cualquier ciudadano. Y de eso no me arrepiento, aunque estoy seguro de los acontecimientos posteriores hubieran sido muy distintos si el Tribunal Supremo hubiera sido el encargado de investigar este asunto.

Han pasado ya dos años y yo sigo esperando, sin tener siquiera noticia de cuándo se podrá juzgar este asunto. Una verdadera vergüenza.

He sufrido una instrucción de más de año y medio para un asunto que no era precisamente el asesinato de Kennedy. Se trataba simplemente de encontrar el origen de un email, y si no se podía encontrar, reconocer que no se podía encontrar. Pero al instructor -persona bien conocida en la plaza, al que mejor no citar ni calificar- se le veía satisfecho conmigo delante. Quiso disponer de su propio paseíllo de testigos, para solaz de determinado periódico, y así citó a quien le dio la gana con completa subjetividad (incluyendo a personas de mi mayor cercanía personal), con la excusa de que había que «descartar cómplices». Se le ocurrió mirar mis emails y mis Whatsapps, y nadie se lo impidió, a pesar de que es violentar explícitamente mis derechos constitucionales. Pensó que tenía la necesidad de ordenar una comisión rogatoria, y a la Secretaría de Estado de Estados Unidos llegó tal pretensión (seguro que aun están perplejos). Quiso analizar mis dispositivos electrónicos, y mandó nueve de ellos a la UCO, la unidad central más experimentada en este tipo de investigaciones, como bien saben los abogados de narcotraficantes y terroristas. No contento con eso, cuando recibió el informe en el que se decía que en ninguno de esos dispositivos había un solo indicio inculpatorio, decretó el secreto de las actuaciones más de nueve meses, tal vez creyendo que así me pondría nervioso. Le interesó conocer mi situación económica, y pidió datos de ¡año y medio! antes de suceder los hechos. Y así, todo lo que quiso y más. Un día tras otro, según se le iban ocurriendo las cosas. Declaré ante él en dos ocasiones, algo que sin duda agradeció algún periódico que así pudo disponer de más fotos de mi entrada en el juzgado. La última vez que estuve delante del instructor me preguntó sobre quienes me habían tendido la trampa, cuando se supone que eso es lo que a mi me tienen que explicar quienes disponen de medios policiales para saberlo. Como le dije que no tenía pruebas para señalar a alguien en concreto -otro tipo de certidumbres, sí- consideró que eso era un indicio de culpabilidad. Como se ve, estamos ante una ecuánime aplicación del principio de presunción de inocencia y, en general, ante una instrucción realizada sin pretensiones justicieras. ¿O no?

El resultado de tanto celo jurisdiccional ya es conocido: no hay nada que me relacione con el email que recibió el denunciante, y en cambio sí constan numerosos datos exculpatorios. El Fiscal Jefe emitió un abrumador informe en el que se descartaba pormenorizadamente mi relación con los hechos y se pedía el sobreseimiento. Además, en el propio sumario se detalla que cuando se emitió el email investigado yo estaba transitando por la calle sin que mis dispositivos estuvieran conectados a la red.

Más de año y medio de instrucción, y aun estoy a la espera de juicio. Me hace gracia que ahora el Gobierno haya llegado a la conclusión de que incluso las causas más graves de corrupción no deben tener una instrucción de más de seis meses. Qué suerte van a tener algunos corruptos, la que yo no he tenido.

Para que nos podamos hacer una idea de cuánta vergüenza hay en lo que yo vengo sufriendo, baste recordar el caso del asesinato de la niña Asunta Basterra, en Santiago de Compostela. Un tema que ha sido profusamente divulgado por los medios de comunicación, y jurídicamente muy complejo. Ha habido recusaciones, muy diversas periciales, pruebas de policía científica, cambios de abogados, incidencias procedimentales… y en el fondo, un asesinato de una menor. Pues bien, el tema de la niña Asunta Basterra se ha instruido exactamente en la mitad de tiempo que el mío. Por tercera vez lo digo: es una verdadera vergüenza.

Hay jueces que se quejan de que no disponen de medios ni de tiempo material para instruir adecuadamente los casos. El que yo he conocido suele ponerse tras la pancarta reivindicativa cada vez que tiene ocasión, está en su derecho. Pero yo también lo estoy en el de decir que es mentira que no haya ni tiempo ni medios para ejercer las funciones jurisdiccionales. El caso que aún estoy sufriendo demuestra todo lo contrario. El juez ha hecho lo que ha querido, como lo ha querido y cuando lo ha querido. Ha usado todos los medios que se le han pasado por la mente para intentar sostener mi inculpación, ha ordenado a la Guardia Civil un gran número de diligencias, y lo ha hecho durante todo el tiempo que ha gustado disponer. Más de año y medio para encontrar la relación entre una persona y un correo electrónico. Es mentira, digo y repito, que la justicia esté tan constreñida de medios y de tiempo para trabajar. Constato todo lo contario.

Dimití para facilitar la acción ordinaria de la justicia y para que nadie creyera que me quería escudar en el aforamiento protegiéndome en un asunto muy feo. Dimití por facilitar las cosas, y a lo largo de toda la instrucción mi abogado -gracias, Sergio, por todo lo que me has ayudado profesional y personalmente- recibió la instrucción de facilitar al máximo el desarrollo de la causa. Pensé que en tres meses este tema tendría que haberse dilucidado. Cualquier persona normal que esté en este mundo podría haber pensado lo mismo. Pero me equivoqué. Nunca creí que las cosas serían tan vergonzosas en contra de una persona, ni que la justicia se pudiera administrar (?) de una manera tan antojadiza. Porque ya se sabe: si no es rápida, no es justicia.

Creo que los lectores de Navarra Confidencial saben que desde que me ocurrió aquello he renunciado a opinar de las cuestiones de la política y, por fortuna para mi, he empezado una vida profesional en la que me encuentro mucho más satisfecho. Pero que haya decido guardar determinados silencios no evita que no siga con mucho interés las cosas que pasan. Si acaso, ahora he ganado la libertad necesaria para reflexionar al margen de las ataduras de un partido o una institución. Soy consiente de que quien me quiso quitar de en medio estará muy satisfecho porque ya son dos años en los que no se me ha podido ver señalando lo que no me gusta, en el fondo dos años de muerte civil. Aunque será para él un triunfo efímero, tan efímero como el recuerdo de tantas mentiras mantecosas que ya no van a ningún sitio.

Una reflexión final, con permiso. Estamos viendo que cuanto más grandes son los retos políticos, más mediocridad se elige para afrontarlos. Navarra se ha desmoronado en estos años pasados. Tótems muy referenciales de la navarridad han desaparecido y otros más están en trance de desaparición. Política y económicamente hemos fenecido. Lo avisé, y se me quiso descalificar por ello. Cuántas cosas me hubiera gustado decir también durante estos dos últimos años, pero qué incómodo hubiera sido para algunos. No sé qué nos va a deparar el futuro más inmediato. Pero pase lo que pase, no creo que sea peor que lo que ahora tenemos. Sólo espero que la sociedad navarra no tenga miedo a cambiar las cosas en profundidad, a perder el respeto a quienes quieren secuestrar su opinión, a mandar a paseo a quienes pretenden tutelarla como si fuera menor de edad.