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Javier Morrás comparecía ayer en el Parlamento de Navarra a petición de IU en relación a las denuncias de supuestos acosos y “escraches” a mujeres en los alrededores del centro privado de extermino de no nacidos de Ansoáin.
Morrás explicó que la Policía Foral y la Policía Municipal de Ansoáin se mantienen en «alerta» por si «llegaran a producirse incidentes que pudieran derivar en situaciones de riesgo real, tanto físico como potencial violación de derechos para los trabajadores de la clínica como para las usuarias de la misma».
No obstante, el consejero también señaló que, tras las denuncias, nadie ha solicitado la presencia de la Policía Foral en el lugar y que la Policía Municipal ha patrullado por la zona sin que se hayan producido incidencias.
El consejero expuso que no podía ofrecer más información sobre las averiguaciones practicadas al ser un asunto bajo tutela judicial y que cuando terminen las diligencias policiales «se informará al juzgado número 3 de Pamplona, que se hizo cargo de la instrucción y que no ha ordenado ninguna medida cautelar al respecto«.
En realidad, se nos ocurre que la presencia policial bien podría resultar útil a los rescatadores en un doble sentido. Por un lado, para que la policía pueda ser testigo directo de si las acusaciones contra la Escuela de Rescates de que practica escraches, acosos, insultos o intimidaciones son verdad o son mentira. Por otra parte, para servir de protección a los rescatadores frente a otro tipo de grupos.
Tanto el consejero como el portavoz del PPN, Eloy Villanueva, coincidieron en considerar intolerables los acosos, violencias o coacciones caso de que existieran, pero remitieron la calificación de los hechos o la existencia de tales violencias o coacciones a la valoración de la Justicia puntualizando que no daban por hecho, como hicieron IU o Bildu, que hubiera existido o que entregar un folleto sea una coacción o un acoso. Señalaron además que el mismo derecho a la libertad de expresión que tienen otros colectivos lo tienen también el resto de personas para defender sus causas aunque no coincidan con las ideas nacionalistas o de IU. El consejero subrayó que la policía no había constatado ninguna actitud violenta en la acción de los rescatadores y que la Justicia tampoco ha ordenado la adopción de medidas cautelares, por lo que no ha estimado, habiendo podido hacerlo, que la acción de los grupos sea de tal naturaleza que haya que ponerle fin por la vía policial de inmediato.
Las «armas» de los rescatadores: amabilidad, respeto y un folleto
El hecho de que todas las mujeres que hayan querido abortar en ese centro lo hayan hecho desmiente que existan amenazas o coacciones. Por otro lado, que al menos seis mujeres hayan decidido libremente no abortar como resultado de la acción de los grupos de rescate desmiente que las mujeres que acuden al negocio-abortorio tengan tomada una decisión irrevocable, que dispongan de toda la información, que ninguna mujer se interese por la ayuda que se le ofrece o que la acción de los grupos de rescate sea inútil o consista en otra cosa que precisamente en salvar esas vidas, cosa que por otra parte cuesta mucho pensar que alguien lamente.
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3 respuestas
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Esto es intolerable para la izquierda. Desde luego no van a permitir que la realidad les ahogue ningún discursito revolucionario en el Parlamento o ante las televisiones. Es más, van a exigir que los proVida vayan armados de palos de beísbol, luchacos y puños americanos, que si no se les viene abajo el discursito. Y si no lo hacen, que se les ponga una multa. Y de paso otra subvención, pero para ellos, que no se equivoque nadie.
¿Se obligará al denunciante a correr con los gastos ocasionados? ¿Se iniciarán por parte de la Fiscalía las averiguaciones oportunas para dilucidar si se ha podido incurrir en un delito de denuncia falsa?