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En octubre de 2011, cuando salieron a la luz las abultadas dietas que algunos políticos cobraban de la Junta de Fundadores de Caja Navarra y se descubrió que cuatro de ellos pertenecían a un órgano opaco y desconocido hasta entonces, la Permanente de esa Junta, que les reportaba más dietas, la sociedad navarra se escandalizó. Un mes después, algunos analistas políticos quisieron ver en estos hechos la clave por la que la Coalición UPN-PP no ganó las elecciones generales con la misma contundencia que el PP lo hizo en el resto de España y dijeron que esta era la causa por la que no se había obtenido el tercer diputado y las fuerzas nacionalistas iban a contar por primera vez con dos escaños en el Congreso de los Diputados en representación de Navarra.

Lamentablemente, ese escándalo ha tomado ahora mayores dimensiones al conocerse que era práctica habitual que esos órganos consultivos, en los que no se tomaban decisiones y sus integrantes se limitaban a darse por esterados, celebraran dos y hasta tres sesiones en un mismo día para, de esta forma, doblar o triplicar las dietas y sus componentes pudieran obtener en una jornada hasta 5.151 euros, en el caso de los vocales, y 8.040 euros, en el de su presidente.

Para fijar estos hechos en su contexto, lo primero que hay que recordar es que desde que en 1921 la Diputación Foral de Navarra fundó Caja de Ahorros de Navarra y hasta que en 2004 se produjo la denominada ‘despolitización’ de sus órganos de gobierno los diputados forales, primero, y los consejeros del Gobierno, después, pertenecieron a su Consejo de Administración.

Era público y notorio que durante muchos años y hasta 2004 el nivel retributivo de los miembros del Gobierno de Navarra (sueldo más dietas de empresas públicas) era sensiblemente inferior al de otros ejecutivos autonómicos y que su equiparación se lograba mediante el complemento de las dietas que obtenían por asistir a ese Consejo de Administración.

Hay que recordar que cuando en 2004 salieron de él se elevaron las retribuciones de todos los miembros del Gobierno de Navarra para compensarles los ingresos que iban a dejar de percibir de Caja Navarra. No obstante, en ese momento hubo dos miembros del ejecutivo, presidente y consejero de Economía y Hacienda, que siguieron formando parte de esa entidad, sin que renunciaran a la subida de los ingresos del Gobierno, con lo que se aplicaron ese dicho de ‘dos de la vela, de la vela dos’.

Esa es la situación que se mantuvo hasta junio de 2010, cuando les regalaron los famosos relojes y todos pensamos que con el Franck Muller o el Rolex se les estaba agradeciendo los servicios prestados a Caja Navarra y definitivamente los políticos salían de ella.

No fue así. Solamente era un espejismo, pues allá permanecieron hasta octubre de 2011 cuando, al estallar el escándalo y a toro pasado, deprisa y corriendo, resolvieron acabar con esa Junta de Fundadores y con su opaca Permanente aunque, eso sí, atrás quedaba el año vivido que para algunos, gracias a ese invento de las dietas dobles o triples, les fue muy rentable pues se llegaron a embolsar hasta 89.000 o 68.000 euros.

Esta y no otra es la realidad. Por eso no me sirven las explicaciones que los representantes de los dos partidos implicados nos han dado durante estos días para tratar de justificar su acción. No me vale que nos digan que “hay cosas que se hacían antes y que ahora ya no se pueden hacer”, porque no nos estamos remontando a la prehistoria sino a hace año y medio. No me sirve que nos digan que esas dietas era “una práctica habitual durante décadas en la Comunidad Foral” porque, como ya he indicado, con ellas se acabó en 2004. No admito que nos digan que “las dietas no se pagaban sólo por asistir a las sesiones sino por la responsabilidad que se iba adquiriendo durante todo el año” porque, como es sabido, esa Junta de Fundadores y su Permanente tenían una simple función consultiva en la que sus integrantes se limitaban a darse por enterados y no adoptaban decisión alguna. No admito que nos digan que “nadie había tenido valor para acabar con ese sistema, ni siquiera denunciarlo”, porque nada hicieron hasta después de estallado el escándalo. Y no comprendo que nos digan que “las dietas pueden ser excesivas pero que eran las que se pagaban cuando llegué” porque, si en 2004 la dieta por asistir a un Consejo de Administración, órgano ejecutivo en el que se adquiría responsabilidad penal y patrimonial, era de 180 euros, no me explico que siete años después se hubieran elevado hasta 2.680 o 1.717 euros por asistir a una simple reunión informativa.

Es cierto que el pasado, pasado está, pero también lo es que el presente está para rectificar lo que mal se hizo y, por eso, aplaudo que algunos implicados, desbordados por los acontecimientos, hayan decidido devolver todo o parte de lo cobrado. Algo es algo.