El “caso” Navarra Building acaba en un bluff al haber quedado archivado por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. La denuncia de Kontuz se basaba en el uso de información privilegiada por parte de Yolanda Barcina para invertir en Navarra Building, sociedad que compraba a Caja Navarra sus inmuebles para después alquilárselos. Caja Navarra obtenía así liquidez conservando además una opción de compra sobre los inmuebles y los inversores obtenían como rentabilidad de su inversión el precio del alquiler, asumiendo a cambio el riesgo de una posible depreciación de los inmuebles al cabo del tiempo. Barcina participó en la inversión con 50.000 euros.
Analizados los hechos, la Fiscalía ha establecido que Navarra Building es una sociedad impulsada por la misma CAN para poder vender sus propios inmuebles, que la noticia de que se podía participar en esta sociedad comprando acciones fue publicada en la prensa local «días antes de que la denunciada participase en la ampliación de capital de Navarra Building», que los empleados de Caja Navarra ofrecieron este instrumento de inversión a Barcina junto a otros 4.000 clientes y que, por consiguiente, Barcina no obtuvo «la pretendida información privilegiada» como tal autoridad o funcionario público que define este delito.
A este respecto la Fiscalía recurre además a la jurisprudencia para aclarar que el hecho de que una autoridad o funcionario ocupe un cargo en los órganos rectores de una caja de ahorros ni siquiera convierte ese cargo en un cargo público y que la actividad de una caja «no supone el ejercicio de una función pública, ni está sometida al derecho público, ni persigue fines estrictamente públicos pese al indiscutible interés que dicha actividad reviste». No se dan por consiguiente ninguno de los elementos objetivos necesarios para constituir el delito.
Por todo ello la Fiscalía determina que no existe base para el caso y archiva la denuncia.
4 respuestas
Rechinar de dientes en los Sectores Abertzale y Quesitero, últimamente coincidentes en un objetivo; acabar con la Barcina antes del 17.
Y encima hoy salen a la luz las dietas cobradas por Roberto Jiménez.
Catalán pensará; «Así no hay manera de ganar los congresos…»
O sea, que como la información ya fue publicada en prensa, no es privilegiada. Y, que el hecho de formar parte en órganos rectores tampoco impide invertir. Por lo tanto no hay delito. Para mí está claro en este caso. Pero no olvidemos que hay otros muchos frentes abiertos, esto no exime de responsabilidades a la señora Barcina en todo lo relacionado con la CAN.
Ahora los aberzales del kkkontuz,que paguen bien pagadas las costas,hasta el último euro,se creen los aberzales que son la justicia,con más de 1000 asesinatos a sus espaldas,lo que faltaba.
Según creo, cuando la CAN vendió a un fondo de inversión sus locales, cuya rentabilidad se basaba en los alquileres, sólo se dió opción a los «grandes inversores» no pudiendo entrar clientes con menos de capital. De hecho para cuando se hizo público ya estaba practicamente suscrito todo el capital.
Posteriormente se hizo otra oferta en el mismo sentido pero para «minoristas».
Si la señora Barcina invirtió en la primera oferta podría ser información privilegiada, pero si lo hizo en la segunda, tiene el mismo derecho que cualquiera de nosotros.
Por lo tanto si se ha desechado es que no se consideró información privilegiada.
Cuando una persona comete errores, como el asunto de las dietas, no quiere decir que todo lo que haga sea erróneo.