Honestamente, piensa uno que existen varios términos en torno a los cuales pesa una considerable ambigüedad, aparte de no tenerse muy claro lo que se puede entender por los mismos. Encima, no es muy incierto que entre quienes invocan, en un sentido u otro, haya un espectro un pelín amplio.

En este artículo, nos centraremos en un caso concreto, relacionado con el llamado «bien común». En ocasiones, en discursos y tuits emitidos desde ámbitos socialdemócratas y comunistas, se habla de «gobernar», «legislar» o «construir proyectos» en torno al mismo.

Uno ha de ser consciente de que cuando invocan el adjetivo «común» no se refieren a «intereses morales generales» que puedan guardar relación con el deber de cada cual de obrar sin negarse a la entrega al prójimo. Tampoco es que valoren la vida en comunidad así como tampoco el bien de la sociedad.

Ellos se arrogan la representación de intereses de la comunidad, secuestrándola y estrangulándola. ¿Para qué? Bueno, diremos que emplean una serie de pretextos para vulnerar la soberanía social y acabar con el derecho (natural) a la propiedad privada.

Ahora bien, no necesariamente ellos, sino también otros en torno a quienes existe cierta confusión (derivada de una preocupación moral en sí) que no tiene por qué ser malintencionada (aunque haya algún caso de operación de blanqueamiento del socialismo), se acaba citando a la Iglesia Católica.

El «bien común» no es algo contrario al Magisterio de la Iglesia Católica

De acuerdo con el texto constitucional pastoral Gaudium et Spes (uno de los resultados del Concilio Vaticano II), que aborda la cuestión de la promoción del bien común (dentro de su segundo capítulo, relacionado con la comunidad humana), se manifiesta lo siguiente (expondremos un citado parcial):

[…] La interdependencia, cada vez más estrecha, y su progresiva universalización hacen que el bien común -esto es, el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección- se universalice cada vez más, e implique por ello derechos y obligaciones que miran a todo el género humano. Todo grupo social debe tener en cuenta las necesidades y las legítimas aspiraciones de los demás grupos; más aún, debe tener muy en cuenta el bien común de toda la familia humana.

[…] Es, pues, necesario que se facilite al hombre [cuya ampliación de libertad es garantizada por la propiedad privada, contribuyendo a su expresión y ofreciéndole ocasión de ejercer su función responsable en la sociedad y en la economía] todo lo que éste necesita para vivir una vida verdaderamente humana, como son el alimento, el vestido, la vivienda, el derecho a la libre elección de estado ya fundar una familia, a la educación, al trabajo, a la buena fama, al respeto, a una adecuada información, a obrar de acuerdo con la norma recta de su conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa libertad también en materia religiosa.

Eso sí, como uno puede leer también, en ningún momento se hace una invocación absoluta e indiscutible al poder absolutista del Estado (progresivamente problemático, y contrario al principio de subsidiariedad). Tampoco ha habido una condena explícita de la economía de mercado.

Más bien se da una serie de orientaciones políticas y morales que no imposibilitan el ejercicio de la libertad para la consecución del Bien y la Verdad (esto no tiene que ser contrario a la libertad negativa, compatible con el libre albedrío tomista).

De hecho, la propiedad privada permite al individuo gozar de un considerable margen de libertad (alejado de concepciones positivistas). Y no, eso no quita que tengamos el deber moral de entregarnos al prójimo y velar por una sociedad próspera y saludable en todos los sentidos.

La iniciativa emprendedora permite al individuo poner en marcha una serie de proyectos que puedan beneficiar a la sociedad (por ejemplo, en el ámbito de la medicina, la farmacología, la tecnología informática o la seguridad medioambiental).

Del mismo modo, la libertad comercial (irrealizable sin la asunción del derecho de propiedad) permite a los más necesitados ofrecer a la sociedad el fruto de su trabajo, el cual será adecuadamente recompensado en tanto que el cliente, con su decisión, puede premiarle según su valoración.

En nombre del «bien común» puede estrangularse a la sociedad bajo un «pretexto pandémico»

Por hacer «cierto gancho» con la actualidad, hablemos del estatismo covidiano (en resumen, todas aquellas medidas de estrangulamiento político y económico que se han llevado a cabo en los últimos meses bajo el pretexto de proteger a la sociedad de un patógeno, desatando alta histeria colectiva).

Excusándonos en la preservación de la salud pública, podríamos considerar que se ha sacrificado la libertad de la sociedad por el «bien común», al haber «dejado a un lado» el ocio, la diversión y la economía (sí, con numerosas contradicciones).

Pero es que podría decirse que por ese mismo «bien común» se han vulnerado libertades básicas como la de culto y la de circulación, además de haber arruinado a los pequeños propietarios (algunos se han suicidado mientras que otros han tenido que integrarse en el ecosistema digital) y aumentado la incidencia de problemas de salud mental.

Por todo esto también se han llevado a cabo acciones de eutanasia indirecta (en sistemas sanitarios previamente colapsados, corroborándose nuevamente el fracaso del Bienestar del Estado) y puesto obstáculos para celebrar la Navidad adecuadamente, en familia, en plena conformidad con la tradición.

Así pues, ya para finalizar, hay que insistir en que el bien común es algo a respetar por cuanto seguimos una moral concreta (aunque ciertos valores sean transversales), pero eso implica también evitar trampas que dan pie a reforzar medidas destructivas social, económica y espiritualmente.