Vuelve a ponerse sobre la mesa el debate de la armonización fiscal entre las distintas autonomías españolas. No ha sido nada relacionado con el concierto económico navarro o el convenio vascongado. La cosa ha surgido a raíz de determinados impuestos.

Desde el Ministerio de Hacienda, al frente de la socialista del PSOE María Jesús Montero, se manifestó, hace unos días, la intención de impedir que existieran, en función del gobierno autonómico, tipos distintos, como consecuencia de la cesión de gestión de determinados impuestos.

Es el caso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (pudo referirse también a un tributo de administración compartida como es el IRPF). En regiones como la matritense, existe una bonificación del mismo equivalente al 99%, para los grupos de descendencia más directa (el I y el II).

Ante ello, la dirigente autonómica Isabel Díaz Ayuso, del PP, ha salido al paso para denunciar esta pretensión de subida fiscal (cuando hablan de «armonizar», siempre piensan en lo contrario a «reducir» o «eliminar»). De hecho, dice temer una intervención de la Consejería de Hacienda.

En cualquier caso, estas noticias deberían de abrir una ventana de oportunidad para un nuevo debate político y económico. No se trata de una enésima disputa entre dos formaciones que en cierto modo aman el big government, sino de procurar alcanzar una mayor descentralización fiscal y política.

Madrid no puede conformarse con su «relativa libertad fiscal»

Cierto es que Madrid es la región española con menor presión fiscal así como una de las que tiene menos impuestos autonómicos (mientras que los tramos de tributos como el IRPF no tienen los tipos más altos del país). Pero tampoco la diferencia es eminentemente abismal con respecto al conjunto nacional.

Puede que alguien que resida en la parte segoviana de la sierra de Guadarrama prefiera domiciliar e inscribir sus bienes en lares madrileños mientras que, puestos a tener interés en invertir en España, una multinacional prefiera tener su sede en el centro peninsular antes que en lo que, falazmente, nos quieren vender como la «Suiza del Mediterráneo».

En todo caso, tan cierta es determinada influencia del llamado «efecto capitalidad» como que el trabajador madrileño también tiene que lamentar ser mileurista cuando podría recibir casi dos mil euros (sí, por muy cierto que pueda ser que sus ahorros podrían verse más perjudicados en Mérida o en Huelva). Pero también hay que preocuparse por la falta de «autonomía fiscal».

Partiendo de mínimos, Madrid podría reivindicar el beneficio de la tradición foral

La tradición hispana también tiene sentido gracias a la cuestión de la foralidad (no solo en el ámbito fiscal-financiero). Así pues, como mínimo, lo que se debería de reivindicar es que el gobierno regional madrileño pudiera tener plena responsabilidad de gastos y de ingresos (así también dejarían de recibir menos de lo que aportan al redistributivo fondo de financiación autonómica).

Actualmente, no existe un contrapeso en condiciones en la región madrileña, por dos razones: inexistencia de plenas competencias de responsabilidad financiera y carácter de mini-Estado centralizado que simplemente resulta ser un poco menos problemático que otros pertenecientes al conjunto territorial político en cuestión.

En cualquier caso, al mismo tiempo que se debería pelear por un mayor margen de maniobra no solo económica para la sociedad madrileña, habría que abrir debate sobre una descentralización municipal, aunque yendo más allá y planteando alguna clase de secesión política para determinadas áreas.

Hablamos de un asunto que no ha de abordarse de manera utilitaria sino de entenderse adecuadamente. Sin necesidad de incurrir en un sentimiento de anti-Hispanismo, se pueden plantear escenarios que garanticen mayor independencia política y autonomía organizativa, aparte de permitir que así, ciertas sociologías se vieran más respetadas.

El Madrid «más de derechas» podría pelear por la independencia política

No pocos texanos agradecerían el no depender del centralismo washingtoniano (que pueda alterar su libertad económica así como sus medidas orientadas a la protección del no nacido) y que los polacos estarían mucho mejor sin las garras masónico-soviéticas de Bruselas que buscan erosionar su esencia católica.

Del mismo modo, hay determinados distritos, barrios y municipios de Madrid en los que no solo hay mayor poder adquisitivo, sino mayorías electorales obedecen a una derecha sociológica que actualmente está repartida, en gran medida, entre PP y VOX, aparte de haber determinada presencia de miembros de determinadas congregaciones y prelaturas católicas.

En esas mismas áreas, la izquierda sociológica supone, en términos electorales, unas proporciones despreciables. Por poner ejemplos concretos, podemos referirnos a las urbes de Las Rozas de Madrid, Majadahonda, Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, a los distritos capitalinos de Chamberí y Salamanca, y a los barrios de Mirasierra y Montecarmelo.

Estas mismas no se sentirían muy cómodas si en alguna ocasión pesara más la participación electoral de otras áreas matritenses (recordemos la oportunidad que, en 2015, tuvo la comunista Manuela Carmena), siendo esto también una razón para la separación política de feudos comunistoides como Rivas-Vaciamadrid.

Así pues, los últimos anuncios del Ministerio de Hacienda abren un debate interesante y necesario, que nada tendría que ver con los proyectos de secuestro político promovidos por ingenieros sociales en regiones como Cataluña. Por un lado, defendemos políticamente la subsidiariedad; por otro, apoyamos a esas zonas que también son más estratégicas para la contrarrevolución.