Vivimos inmersos en un mundo de tergiversaciones semánticas cuyos promotores tienen algún que otro punto en común (corrección política, enemistad hacia la libertad…) y acaban induciendo a confusiones ocasionales por parte de gente de buena fe (por decirlo de alguna manera).
Nos consta que confunden al homosexual con el homosexualista, a la mujer con la feminista, al trabajador con el piquete proletario, al patriota con el nacionalista, y así, contando… Pero en este caso vamos a centrarnos en un concepto muy concreto: la cuestión de la secesión (política).
En casos como el español, cuando se nos habla de la secesión, bueno, en realidad, de independentismo o «auto-determinación», todo respecta a movimientos nacionalistas periféricos como el catalán y el vasco (principalmente, aunque sin dejar de lado otros como el gallego).
Además, en épocas de la historia que distan mucho de ser contemporáneas, ya tuvo una desgraciada familiaridad con ello la Hispanidad. Cabe referirse a los procesos de desmembración política de los territorios hispanoamericanos, impulsados por la masonería y vendidos como «liberación».
Utilizando otros términos, podemos decir que se hace referencia a proyectos que, por medios de ingeniería social, bajo una filosofía estrictamente colectivista e izquierdista, pretenden articular nuevos Estados-Nación no menos liberticidas, en base a falacias conceptuales.
Por ello, aparte de los visos de hispanofobia que pueden preocuparnos y afectarnos, como buenos patriotas (que no nacionalistas) que somos, se ha dado lugar a que haya muchos prejuicios a la hora de referirse al concepto de secesión en sí. Así que hete aquí el motivo de redacción de este artículo.
Mera cuestión de desvincularse de un poder político
En realidad, hemos de interpretar la secesión (insisto: bien entendida) como el mero hecho de desvincularse de una estructura político-jurídica concreta (por decirlo de alguna forma, de una administración política).
Del mismo modo que uno puede «votar con los pies» migrando a otro territorio por razones económicas o políticas (por ejemplo, una presión fiscal más baja, una mayor facilidad para crear empleo o un margen mayor de libertad de expresión), también puede apostar por desvincularse con su propiedad terrenal consigo.
La clave de la libertad está en la propiedad. De hecho, su legítimo derecho a desvincularse de un orden superior positivista y artificial no ha de condicionar ni comprometer a terceros (estaría coaccionando a estos, imponiéndoles una desvinculación forzosa que no desean, por alguna que otra razón, yendo esto más allá del mero convencimiento).
No hay ilegitimidad moral alguna al procurar mayor descentralización per se
No pocos están, a día de hoy, considerablemente confundidos, en la medida en la que confunden los conceptos de Estado y nación. Por lo primero hacemos referencia a un ente artificial de organización política que, en base al derecho positivo, tiende a destruir sociedades y cuerpos intermedios, expandiéndose y generando, progresivamente, más problemas.
Mientras, por nación, nos referimos a una construcción social espontáneamente ordenada (espontaneidad no es ordenamiento impuesto) basada en comunidades definidas por similitudes filológico-lingüísticas, culturales, tradicionales y religiosas.
Ahora bien, del mismo modo que la unidad en la diversidad (denominadores morales y tradicionales comunes) puede procurarse, cabe obviar que no toda esa comunidad social, que puede ser tan extensa como sea, no tiene por qué estar sometida a un mismo órgano de gobierno expansivo y centralizado.
Se procura así (es lo suyo) la aplicación del principio de subsidiariedad, conforme al cual, los organismos de orden superior no han de interferir en las decisiones de aquellos de orden inferior (cabe recordar que esto es un escollo para todos los promotores, herederos y sucesores del fenómeno conocido como Revolución Francesa).
Ahora bien, ese fenómeno descentralizador puede evolucionar perfectamente, de manera espontánea, de abajo a arriba. Del mismo modo que existe una legitimidad moral para derrocar al tirano y desobedecer ante leyes injustas (tal y como nos enseñaron el padre Juan de Mariana y San Agustín de Hipona), es posible desvincularse de una entidad gubernamental si lo consideramos justo.
Los individuos son los componentes de la sociedad, siendo, a su vez, quienes componen esas unidades que no son solo las últimas unidades de resistencia contra los liberticidas de los gobiernos sino las bases para sociedades fértiles y florecientes. Estos a su vez tienen (además es su derecho) propiedades privadas que en pro de su libertad y dignidad han de ser respetadas.
Así pues, resulta obvio que, en pro de su libertad, les competa el derecho a la autodeterminación (sinonimia de lo que se ha ido abordando). Las naciones no son sujetos de derechos naturales, sino construcciones espontáneas colectivas. Por ello, no es lógico afirmar, en línea con Ludwig von Mises, que esto sea un «derecho» de las naciones frente al individuo.
Ejemplos prácticos de secesión bien entendida
El texto constitucional del Principado de Liechtenstein reconoce el derecho de secesión a todas las escalas (hasta el municipio o el individuo) mientras que la Guerra de Secesión norteamericana sirve de referencia en la medida en la que buena parte de los territorios del Sur (históricamente hispanos), más tradicionales, se rebelaron contra el centralismo del tirano socialista Lincoln.
Eso sí, en la actualidad existe más de un ejemplo para el cual sería deseable la secesión bien entendida. No necesariamente hay que limitarse a conflictos de amenaza nacional-separatista-expansionista como ocurre en Cataluña (propuesta de secesión de Tabarnia, es decir, de las provincias de Tarragona y Barcelona).
Pero tampoco hace falta irse a planteamientos de causas que personalmente apoyo completamente, tales como la secesión de Texas, en pro de su independencia y una mayor salvaguarda de su sociología conservadora y de su independencia política frente al expansionismo centralista de la Casa Blanca.
Pese a no ser una referencia sociológica de envergadura, a diferencia de las mayorías sociales texana y polaca, habría algún que otro escenario, en España, que debilitaría a aquellas estructuras partitocráticas más escoradas a la izquierda (hay alguna que otra consideración que se pueda hacer, pero me limitaré a esta cuestión, en el presente artículo).
En la provincia de Almería, anexionada por mera ingeniería política al gobierno regional andaluz, hay una mentalidad más amigable hacia el emprendimiento y la propiedad privada que en otras provincias más occidentales, donde hay un mayor afecto hacia planes de subsidios como el PER, factor determinante en el alto desempleo que se da en Extremadura y la región en cuestión.
La ciudad de Badajoz, la más habitada de la histórica «tierra de conquistadores», se ve discriminada y menospreciada por el centralismo juntero cuya sede está en Mérida (el bloque de la «derecha sociológica» suele sumar bastante, como ocurre en Cáceres, capital de una provincia homónima también menospreciada por el organismo de gobierno regional previamente mencionado).
Por otro lado, en Madrid, existen tanto municipios como distritos capitalinos en los que la izquierda sociológica es prácticamente endeble e irrelevante. Concretamente hablamos de los distritos de Chamberí y Salamanca así como de un área de localidades nororientales entre las cuales figuran Las Rozas, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte.
Eso sí, en ningún caso hace falta formar macroestructuras alternativas. En base a un potente marco descentralizador (legislativo, normativo, fiscal…) es posible promover escenarios de secesión que garanticen mayor independencia política y autonomía organizativa, aparte de permitir que así, ciertas sociologías se vieran más respetadas. De hecho, una Hispanidad de unidad cultural y católica pero de fragmentación política es lo que hemos de reivindicar.
Los secuestros políticos son cuestiones totalmente diferentes
Concluyendo, cuando uno habla de secesión, no está haciendo apología indirecta e inconsciente de secuestros políticos como el euskaldún y el nacional-catalanista (proyectos nacionalistas, socialistas y expansionistas), sino librando una batalla a favor de la descentralización y del fortalecimiento de la sociedad, parejo al debilitamiento del problemático artificio positivista llamado Estado.