Tras la desatada polémica de los másteres obtenidos por vías ilícitas, que evidencia cuán funcionales a las castas políticas son las universidades públicas, parece haber venido otra especie de “tormenta de septiembre”, relacionada con el doctorado de Pedro Sánchez.

Resulta que la tesis doctoral del actual presidente del Gobierno, culminada y leída públicamente en el año 2012 (con calificación de sobresaliente “cum laude”), cuando el promedio de realización de las mismas suele llevar unos seis años, no ha sido original, sino un “decálogo de textos plagiados”.

El diario ABC ya advirtió, tras examinar la versión física custodiada en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), donde se doctoró el político citado, de que existían decenas de textos literalmente copiados, sin citar a los autores de los mismos. Entre ellos figuraban los economistas Julio Cerviño y Jaime Rivera. Incluso incurrió en lo denominado “autoplagio”.

Pero no solo eso. De acuerdo con técnicos universitarios consultados por la cadena radiofónica COPE, el 17% de los contenidos de la tesis coincidiría con otras referencias bibliográficas según el programa anti-plagio SafeAssign mientras que el periódico EL MUNDO afirma que esta fue firmada por quien fuera jefe de gabinete del ex ministro de Industria Miguel Sebastián.

A pesar de ello, la reacción de Sánchez no ha sido la dimisión así como, por el momento, una declaración intencional de comparecencia en sede parlamentaria. Simplemente ha intentado que tres medios críticos con él al respecto se retractasen de la información. Hablamos de OKDIARIO, El Mundo y ABC.

No obstante, ninguno de los medios en cuestión ha claudicado, sino que se han reafirmado completamente en lo manifestado en su momento. No han temido lo que el burofax remitido indicara una consideración de emprendimiento de acciones legales contra estos por “vulneración del derecho al honor”.

Eso sí, quizá conviniera analizar “algo más a fondo” cierta conducta de Pedro Sánchez ante una acción que para nada denota una clara intención de vulnerar el honor del mandatario español, sino de informar a los ciudadanos sobre una mala praxis. Cuestión aparte es que, por otras razones, estos medios sean bastante criticables.

Quien puede ser considerado como “el okupa de la Moncloa”, que llegó a la misma sin ganar unas elecciones, movido por ansias de poder reeditando una coalición eminentemente colectivista, no es sino un político izquierdista bastante radical, algo no solo probado por los levantamientos de puño y cantos de La Internacional en determinados actos del partido.

La izquierda, totalitaria, no tolera la crítica, de tal forma que busca “aniquilar y desactivar” a quienes la emiten. Como mínimo, recurren a las técnicas de intimidación y amedrentamiento, aunque, como parece evidente, pueden no descartar vías administrativas o judiciales para arremeter contra estos.

La libertad de información se ve vulnerada cuando solo se pretenden consentir las emisiones serviles o de culto hacia los burócratas de turno. Sabido es que en regímenes liberticidas, el Estado persigue a los periodistas y medios críticos sin reparo alguno. Precisamente, durante la II República (en España), se intervino la sede del diario cuyo director actual es Bieito Rubido.

Asimismo, sabemos que sus socios de gobierno de PODEMOS, nostálgicos y aliados de la tiranía comunista venezolana, también enemiga de la prensa libre, busca aniquilar a periodistas clave de la derecha liberal española. Basta con remitirse al caso del artículo de Hermann Tertsch sobre el abuelo de Pablo Iglesias, líder de la formación comunista previamente mencionada.

Por cierto, conviene recordar que ninguno de los presidentes que ha tenido España tras el fallecimiento de Francisco Franco ha puesto sobre la mesa acciones similares. Distinto es que no se haya respetado el principio de libertad informativa al subvencionarse medios o someterlos a licencias de radiotelevisión, y mantener servicios estatales, controlados por los políticos.

Eso sí, no deberíamos dejar pasar desapercibida esta actitud sanchista, de alguien que también ha acordado con la extrema izquierda la denegación del derecho de veto del Senado, atentando así contra una separación de poderes que, entre otros factores, es favorecida por un bipartidismo bien entendido.

El Frente Popular nunca fue partidario de un sistema político donde se respetaran las libertades individuales (buscan fortalecer el Estado, despojando de más poder aún a la sociedad civil) y los mercados liberalizados. Eso sí, ¿por qué ninguna entidad supranacional ni financiada por George Soros ha dicho aún nada?

El multimillonario húngaro-estadounidense en cuestión es aliado de Pedro Sánchez pero, por otra parte, el actual gobierno no tiene entre sus fines la defensa de los valores cristianos del continente, de la vida y de la familia. Por eso Bruselas no activará el artículo 7 contra un presidente también investido con el voto del brazo político de una banda terrorista.

Dicho esto, el caso es que comunistas y socialistas son liberticidas. La crítica es un obstáculo en la consecución de un marco represor. A su vez, ante todo esto, sería un craso error por nuestra parte doblegarnos indirectamente con actitudes acomplejadas y silentes.