Europeización de América: Fin del derecho a la defensa propia

Tras la Gran Recesión de hace unos diez años, más de un americano ha empezado a creer apreciar que los Estados Unidos (EE.UU) están experimentando una senda de emulación de patrones del “viejo continente”.

A priori, la afirmación puede resultar algo disparatada, ya que fuimos los europeos quienes descubrimos el Nuevo Mundo y exportamos “al otro lado del charco” los valores y fundamentos de la herencia judeocristiana sobre la que yacen los pilares de la “idea de Europa”. Pero no nos referiremos a ello.

Entendamos lo que consideraremos “europeización de América” como una cuestión político-intelectual, en la medida en la que Europa contrasta con América por tener una mentalidad bastante alejada de los principios de subsidiariedad y responsabilidad, así como una amplia mayoría de Estados asistencialistas, con líderes nihilistas y más utilitarios que pro libertatem.

No obstante, no me voy a centrar en ello (ya lo haré en otra entrada, aunque sí recomendaré la obra Becoming Europe, “Volviéndose Europa”, cuyo autor es el Director de Investigación del Acton Institute, Samuel Gregg), sino en un nuevo clamor en base al cual también debe consistir esa preocupante y posible transición: el derecho a portar armas.

En base a lo que reconoce la Segunda Enmienda de un texto constitucional cuya finalidad fue limitar el poder de los gobiernos (cosa impensable en la práctica totalidad de disposiciones europeas) y afianzar una sociedad civil fortalecida, se considera que los ciudadanos estadounidenses tienen el derecho a poseer y portar armas, algo que no debe de ser infringido.

Lo que se estipula en disposiciones como la mencionada en el párrafo anterior no entra en conflicto con la existencia de alguna entidad encargada de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Por muy especializados que estén unos cuerpos de seguridad y muy loable que pueda ser su trabajo, el individuo puede disponer de mecanismos para ejercer defensa propia.

Pero sabemos que hay sectores de la opinión pública que prefieren que sea el Estado, a través de los burócratas de turno y los mecanismos competenciales, quien asuma todas las responsabilidades que el individuo y otras instituciones no estatales (familia, Iglesia, empresas,…) deberían asumir.

Por algo, esas mismas masas de izquierdas que tan mal perder tienen, que se sienten respaldadas por un mainstream de corte progre-socialdemócrata que tergiversa y oculta detalles relevantes cuando informa sobre casos de tiroteo en los EE.UU, están agitando las calles estadounidenses tras el reciente tiroteo en Parkland (Florida), en una zona libre de armas.

Reclaman a Donald Trump, a ese mismo al que quieren “desterrar” por no someterse al dictamen sorista, como si fuera él el culpable de ciertos tiroteos (no hubo menos tiroteos con su antecesor, la versión norteamericana del ex presidente español Rodríguez Zapatero), que proceda a ejercer un mayor control sobre la posesión de armas en los Estados Unidos.

De hecho, la Administración Trump tiene sobre la mesa abordar cuestiones de “salud mental” a la hora de poder otorgar a alguien autorización para portar armas, algo que no deja de ser una “estrategia trampa” ya que, aunque sea de manera inconsciente, se acabaría llegando a un mayor control estatal (de hecho, pocos tiroteos guardan relación con enfermos mentales).

Ahora bien, como ocurre, por ejemplo, en Suiza, uno de los países con mayor tasa de población armada y una excepción respecto a la “norma restrictiva europeo”, frente a Honduras, la tasa de criminalidad mediante el uso de un arma no es directamente proporcional a la permisividad de las leyes.

En cualquier caso, las corrientes “progres” silencian concienzuda e intencionadamente cualquier caso, ya sea real o posible, en el que gracias a un arma se evita una masacre. En el caso americano, por poner un ejemplo, aparte de las zonas donde se permite el use de armas, recordemos la intervención del conserje de la Great Mills High School hace casi una semana.

Y en el caso de una Europa donde las políticas pro-libertatem están generalmente orientadas al utilitarismo o limitadas a las rebajas fiscales (salvo cuantiosas excepciones), hay que decir que masacres yihadistas como, por ejemplo, el atropello que en 2016 tuvo lugar en Niza, se habrían evitado o, al menos, aminorado considerablemente, si se hubieran portado armas de fuego.

Pero no acabemos cometiendo el error utilitarista de quienes se ven obligados a considerar aquello que detestan. La defensa propia no es un artificio jurídico positivista a diferencia de los “social rights” y los resultados de los ingenieros sociales de género. Es una obviedad para poder tener a salvo nuestra vida, nuestra propiedad y nuestra libertad.

De hecho, volviendo a lo considerado en la Segunda Enmienda, recordemos que viene a ser, como señala el aspirante a senador libertario del Partido Republicano Austin Petersen, no ya sobre la defensa propia siquiera, sino como el último recurso contra la tiranía. Sí contra algún déspota que pudiera atropellar completamente las libertades de los ciudadanos.

En cualquier caso, ya concluyendo, tengamos en cuenta que el derecho a portar armas, a deberse entender como una garantía del derecho a la defensa propia. Si políticos y ciudadanos americanos no lo tienen en cuenta, se estarán acercando a la indefensa y muy estatista Europa.

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