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En mi opinión la Sra. Ministra de Igualdad, Leyre Pajín, ha tomado una decisión arbitraria. ¿Qué motiva a la Sra. Ministra a ha promover un proyecto de ley según el cual resulta incompatible que los colegios de educación diferenciada sean centros concertados? ¿Qué le lleva a coartar la libertad de sus conciudadanos y a perjudicar a un conjunto de instituciones educativas? Algo muy grave tiene que ser ¿Acaso ha descubierto que los ciudadanos educados en colegios de educación diferenciada presentan serias lagunas educativas? ¿Dispone tal vez la Sra. Ministra de datos que permitan afirmar que el índice de delincuencia (quizás de la llamada violencia de género) es significativamente mayor entre los egresados de estos colegios? La respuesta es obviamente no. Y no es casualidad, porque la primera característica de las decisiones arbitrarias es que suelen prohibir (o poner trabas a) algo lícito. Algo que en sí mismo no es malo.
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La educación diferenciada no solo no es mala sino que es una opción educativa en auge en muchos lugares. Entonces, una vez más, ¿por qué penaliza económicamente la elección libre de esta opción legítima? Pues porque, aunque no sea malo, la Sra. Ministra cree que no es conveniente. Según la Sra. Ministra optar por la educación diferenciada va en contra, nada más y nada menos, que de la igualdad. ¿Se han fijado? La segunda característica de las decisiones arbitrarias es que los supuestos daños de lo que se prohíbe suelen ser indemostrables. La ministra no explica ni proporciona elementos que prueben de qué forma concreta la educación diferenciada daña (lo que sea que dañe). Por el contrario, el perjuicio para los afectados por la decisión suele ser muy concreto. Se nos limita un derecho concreto a unos padres concretos.
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¡Quien va a negarse a prohibir algo “menor” comparado con el valor superior del bien común, o de la justicia! Por eso la tercera característica de la arbitrariedad es que sus supuestos beneficios son siempre para toda la sociedad (o la institución) bajo principios muy generales; beneficios enormes y para todos a priori, e inexistentes a posteriori. La referencia directa o indirecta a la justicia suele ser recurrente (por eficaz). Es habitual que el gobernante arbitrario señale a los afectados y lo presente como unos privilegiados. Y es que la arbitrariedad frecuentemente se excusa en la pretensión de eliminar supuestos privilegios de unos cuantos caraduras… que no deben permitirse en una sociedad justa. Y ahí está ella, con agallas suficientes para enfrentarse a los caraduras y decir: “había que poner orden” o, “eso conmigo se acabó”. Es la vieja cantinela de quitar a unos para que ganen todos.
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De acuerdo. Preguntémonos Sra. Ministra: ¿Perjudica a alguien la existencia de colegios concertados de educación diferenciada? La pregunta es muy interesante, porque ya he oído en una tertulia televisiva defender su proyecto de ley con el argumento: “el que quiera caprichos que se los pague, porque estado no está para pagar los privilegios de nadie”. Pues bien, hay que decir que el hecho de que haya colegios diferenciados no excluye la posibilidad de que existan otros colegios. Además, ahorra dinero al estado, porque es más barata que la educación pública (y esto no quiere decir que no tenga que haber educación pública, ni que ese mayor coste no esté justificado. Ese es otro debate). Pero lo que es más importante, los colegios concertados de educación diferenciada no cuestan al estado ni un euro más que el resto de colegios concertados. A partir de aquí, que alguien me explique, por favor, dónde está el privilegio y a quien perjudica. Ese es simplemente el gancho para que otros miren para otro lado.
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Nada de igualdad y justicia. La razón de la ley es que la Sra. Ministra tiene una errónea concepción de lo que significa gobernar. Una concepción del gobierno de “aquí se hace lo que yo digo”. Una concepción en la que no hay liderazgo sino mando. Un gobierno de gobernantes caprichosos, “alérgicos” a la libertad de los demás. Es perfectamente comprensible que la Sra. Ministra opine que es mejor la educación mixta. Lo que no es comprensible es que crea que esa opinión le da derecho a marginar esa opción frente a las otras. Pero no, ella como la canción de MECANO, “lo que opinen los demás está de más”.
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Y eso será así mientras ella sea la reina de la fiesta. Puro capricho. La Sra. Ministra dirá que el capricho no es sólo suyo, porque la ley ha sido aprobada por el Parlamento (como si no supiéramos a estas alturas de la película como funciona el sistema). Y nos lo repetirá mil veces (lo del Parlamento, digo), porque la cuarta característica de las decisiones arbitrarias es que se justifican y legitiman en “el quién” no en “el por qué”. En efecto: lo importante para la Ministra no es por qué se ha hecho la ley (eso ya es lo de menos); lo único importante es quién la apruebe.
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Y nos queda el capítulo de las consecuencias. Pues bien: la quinta característica de las decisiones arbitrarias es que más que solucionar problemas, suelen crear otros mayores. Si ustedes mandan a los médicos que aborten, bajo el argumento de que los fetos son seres vivos pero no humanos, y a los padres que no hagan lo que creen que es mejor para sus hijos, por una indemostrable desigualdad de trato, lo esperable es que no les obedezcan. Y ya tenemos el lío montado. El problema no es que ellos no sepan obedecer, sino que ustedes no saben mandar. ¿De verdad que, con la que está cayendo, no tiene nada mejor que hacer?
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Por cierto Sra. Ministra, analice con estos mismos principios la decisión de colega alemana de declarar públicamente que no era conveniente comer pepinos españoles por un supuesto peligro de salud pública. Al igual que usted, ella tampoco prohíbe (no puede), sólo disuade. No habla de las verduras y hortalizas en general, no. Los pepinos son españoles y los perjudicados tienen nombre y apellidos. Como usted, ella tampoco tenía pruebas. La amenaza de los pepinos era presunta, pero, eso sí, también como en su caso, corría peligro un valor muy importante: la salud pública, en nombre de la cual, cualquier actuación está plenamente justificada. Que su actuación ha creado más problemas que los que ha solucionado, a la vista está. Y, por supuesto, las consecuencias las soportan otros. ¿Le parece mal lo de la Ministra alemana? Pues aplíquese el cuento!!!
