“Hay que esperar a que se pronuncie la justicia”, o ”sobre esto ya se ha pronunciado la justicia”, son frases que en distintas variantes se utilizan continuamente para zanjar una discusión sobre cualquier asunto que forme parte del debate político. Sin embargo, ¿merece la justicia española la suficiente confianza como adjudicarle la capacidad de poner fin con neutralidad a cualquier debate político?
La independencia de la justicia
La independencia es un elemento esencial de la justicia. Todo el mundo entiende que si uno tiene una disputa con su vecino, el juez del caso no puede ser el padre del vecino. En el presente análisis vamos a tratar de discernir si con los políticos y los tribunales no pasa algo parecido. Y es que puede ponerse en duda la independencia de los tribunales respecto a los políticos cuando los miembros de esos tribunales han sido elegidos por los políticos.
El Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo es la instancia superior del poder judicial en todas las materias excepto en el orden constitucional. La Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, establece que a los magistrados del Tribunal Supremo los designa el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es decir, que este Consejo tiene un poder extraordinario. ¿Pero quién nombra a los miembros del Consejo? Pues bien, los 20 vocales del Consejo son nombrados según el siguiente esquema:
– 12, de entre los jueces y magistrados, elegidos por el Congreso de los Diputados (6) y el Senado (otros 6).
– 8, de entre abogados y juristas de reconocido prestigio, elegidos por el Congreso (4) y el Senado (4).
¿Conclusión? A todos y cada uno de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, que entre otras facultados tiene la de designar a los magistrados del Tribunal Supremo, los eligen los políticos.
La situación todavía puede empeorar
Si esto ya les parece malo, esperen a leer el siguiente dato. Según el censo del CGPJ en el año 2006 había en España 4.265 jueces, de los que 1.152 pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura, 471 a la asociación Francisco de Vitoria, 459 a Jueces para la Democracia y 186 al Foro Judicial Independiente. Es decir, que cerca de la mitad de los jueces son independientes de cualquier asociación y sólo la otra mitad pertenece a alguna asociación con algún tipo de adscripción ideológica. El dato resulta estremecedor al comprobar que los jueces independientes que no pertenecen a ninguna asociación es como si no existieran. Entre todos los vocales elegidos por el PSOE (9), todos los magistrados pertenecen a alguna asociación. De entre los magistrados elegidos por el PP sólo 2 no pertenecen a ninguna asociación, aunque los vínculos políticos de todos los vocales nombrados por los populares (9) ofrecen pocas dudas. Uno de ellos incluso ha sido consejero del gobierno de Valencia. Los dos vocales restantes del actual CGPJ han sido diputados y senadores del PNV e IU. No sólo es que todos los miembros del CGPJ han sido nombrados por políticos, sino que además han sido elegidos de entre los que pertenecían a alguna asociación (a pesar de ser sólo la mitad) o tenían claros vínculos políticos.
El Tribunal Constitucional
Si todo lo anterior es aplicable al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Supremo, la situación no mejora en absoluto cuando nos referimos a los nombramientos de los 12 miembros del Tribunal Constitucional.
– 4 los nombra el Congreso
– 4 los nombra el Senado
– 2 los nombra el Consejo General del Poder Judicial
– 2 los nombra el gobierno
Conclusión
En un país donde la división de poderes no se encuentra adecuadamente delimitada, existe una clara amenaza contra el estado de derecho. Si el poder legislativo puede determinar la composición de los máximos órganos de poder judicial, el poder legislativo deja de estar sometido a las leyes en igualdad de condiciones al resto de los ciudadanos. En esas condiciones ya no se puede asegurar la lucha contra la corrupción, el estado de derecho, la neutralidad de los tribunales, y en general el uso abusivo del poder por parte del gobierno.
3 respuestas
Por eso la impunidad con la que algunas personas se mueven po la vida política, se creen inmunes. A día de hoy posiblemente lo sean, controlando la fiscalía, los jueces, la policía, SITEL, y la mayor parte de los medios de comunicación. No hay FAISAN que les haga sombra ni les suelte un recuerdo volante.
Parece que en los últimos años, el gritito de que no hay democracia, que nos manipulan y chupan la sangre y que el poder está en manos de unos poquitos se está convirtiendo en un grito en condiciones. Ya muchos estamos contagiados del virus.
Sin embargo, cuál es el siguiente paso? Esta gente se lo ha montado muy bien. Teniendo todo el poder, cómo desbancarlos de ahí? Cómo dar el manguerazo?
– rebelión fiscal
– violencia en las calles
– huelga general e indefinida
Todas esas medidas no sólo acaban con ellos, acaban con nosotros mismos. Una vez el extendido el virus de la realidad política que tenemos(probablemente aún no suficientemente), cuál es el siguiente paso? Sólo se me ocurre formar un partido que reforme desde dentro, pero hay demasiado hoolligan del voto tanto en PP como en PSOE. Por otro lado la violencia se puede volver contra nosotros y la pataleta les da risa.
Se ve que a nuestros políticos, a los que tanto les gusta viajar a Nueva York, no les han enseñado nunca el edificio de la «New York County Supreme Court», en el 60 de Centre Street. (También sale en los primeros segundos de la película 12 hombres sin piedad, para aquellos que no quieran pisar suelo americano).
Pues bien. En el frontispicio del edificio se puede leer: «The true administration of justice is the firmest pillar of good government».
En nuestros palacios de justicia suele poner «Tribunal Superior de Justicia de Navarra» o «Tribunal Supremo» o «Audiencia Nacional» o…