He leído con sumo interés un artículo de opinión publicado el día 20 en este medio, en el que una persona se formula la pregunta de si es necesario o no el Defensor del Pueblo de Navarra. El lógico interés que me suscita la pregunta, me invita a realizar algunos comentarios con todo respeto al autor.

Evidentemente, no me corresponde a mí defender la necesidad o no de esta Institución. El Defensor del Pueblo de Navarra fue creado por el Parlamento de Navarra mediante ley y, en estos momentos, el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España avanzan para su incorporación al Amejoramiento. La pregunta, por tanto, no me tiene por directo destinatario. Y entiendo que tampoco los antecedentes históricos que cita el autor de reparto de tartas entre partidos políticos me afecten, pues la figura se creó en 2000 y quien esto escribe la desempeña desde 2007, sin más méritos que sus conocimientos de Derecho.

No obstante, sí que puede ser oportuno informar que, según las encuestas anónimas, que se hacen a los ciudadanos después de atenderles sus quejas, esto es, a las personas que sí han tenido contacto real con la institución, 7 de cada 10 la consideran muy o bastante útil para resolver su problema, y la valoración que le otorgan es entre 7 y 7,5, en una escala de 0 a 10.

Además, las Administraciones navarras aceptan las decisiones del Defensor en el 81% de los casos (cifra que personalmente me parece alta por cuanto el Defensor no puede imponer, sino sugerir, recomendar, recordar deberes legales) y el plazo medio de resolución de las quejas es de dos meses y medio (frente a los años de los tribunales). El precio directo para el ciudadano que acude a la Institución es cero, porque es un servicio público y gratuito.

Según los datos que se manejan en el artículo de opinión, cada queja ha costado 12.000 euros. Es una forma de hacer las cuentas, aunque, a mi juicio, equivocada. ¿Cuánto cuesta el derecho a la salud? ¿Y a la educación de los hijos? ¿Y a la intimidad? ¿Y a obtener una retribución básica en plazo cuando se carece de otras? ¿Y a unas oposiciones imparciales? ¿Y a que la Administración simplemente conteste? ¿Y a tantos otros derechos? El Defensor del Pueblo está al servicio de 630.000 navarros (sin contar otras personas de fuera de Navarra que también acuden a nosotros), con independencia de que se quejen o no. Así, las cuentas salen a 1,5 euros al año de coste por navarro por vía impositiva. Es otra forma de contar.

Los navarros prefieren acudir al Defensor de aquí, antes que al estatal. Más de la mitad de las quejas y consultas se presentan y son atendidas personalmente por nuestro equipo (el Defensor y trece personas frente a 30.000 funcionarios públicos de Navarra), porque prefieren una atención personal y saben que conocemos mejor las Administraciones navarras. Madrid está a 400 kilómetros, como bien sabrá, y allí los asuntos son más en número y tratados con mayor distanciamiento. En dos años, los ciudadanos navarros han mejorado su nivel de credibilidad en la Institución, al punto de que presentan el doble de quejas y más consultas. El Defensor admite a trámite todas las quejas en las que cree que ha podido lesionarse el derecho de los ciudadanos. Es más, estima que, conforme a su criterio (jurídico) en uno de cada dos casos de quejas admitidas ha podido haber vulneración de derechos o que la conducta de la Administración es mejorable. A ello se suma que se atienden miles de consultas, se recibe a ciudadanos y colectivos sociales, se presentan propuestas de mejora a las Administraciones (más de cien en dos años, muchas de ellas aceptadas), se abren actuaciones de oficio para aclarar posibles abusos o negligencias de la Administración, se realizan informes sobre materias de interés público o de interés del Parlamento (sanidad, educación, actividad administrativa…).

En cualquier Estado de Derecho, la figura del Defensor del Pueblo es un mecanismo creado para supervisar la Administración y mejorarla, defendiendo los derechos de los ciudadanos. No está pensada para entorpecer la labor de la Administración, como se dice en el escrito.

Puestos a ahorrar gasto público –debate que se plantea en el artículo y al que me brindo gustoso-, podríamos hablar serenamente también de otras instituciones, cargos y subvenciones que pudieran no ser necesarias. Parece lógico que, antes de concluir sobre una u otra institución, se estudie todo el sector público en su conjunto y sus actuaciones, y no centrar la cuestión en la única Institución creada por Navarra para defender los derechos de los ciudadanos y, sobre todo, de los que tienen más problemas y menos recursos y más desfavorecidos están. No me creo, de verdad, que le moleste a nadie que haya una pequeña unidad dependiente del Parlamento que supervise a la Administración y defienda a los ciudadanos desde la cercanía a sus problemas y con objetividad de criterio.

Por último, que se concluya un artículo de opinión afirmando que “la guinda del despilfarro del dinero público en Navarra” es regalar, como modesto detalle institucional, una ¿caja? de una o tres botellas de vino de Navarra (sector en crisis en Navarra) (elaborado a precio de coste y más barato que en el “super” de la esquina de su casa) y el diario de un personaje de la talla histórica y dignidad de Ana Frank (también elaborado a precio de coste y edición de bolsillo), me desazona y creo que no deja en muy bien lugar a quien hace tal afirmación. Más aún si se desconoce que, este año, el ahorro de la Institución ha alcanzado cerca de 207.000 euros sobre 1,2 millones de presupuesto (el año pasado, 260.000 euros, a los que se suman los 200.000 euros de 2007), y que se ha congelado el presupuesto también para 2010. Esto, creo, es austeridad en el gasto público, y ser detallista con quien nos visita, colabora con nosotros o soporta nuestra actividad supervisora. Quien quiera este hermoso libro, no tiene más que pasar por la oficina y pedir un ejemplar: su lectura ayuda a humanizarse.